Estudiantes de la USAC exigen una elección de cortes sin corrupción

#Guatemala| Representantes estudiantiles de la Universidad de San Carlos (USAC), única universidad pública del país, exigen a las y los diputados del Congreso de la República, una votación sin corrupción para conformar las cortes del país. La exigencia fue emitida dentro del propio Palacio Legislativo, en el salón «Pasos Perdidos», durante la mañana del martes 24 de septiembre de 2024.

La elección corresponde a los 312 magistrados a nivel nacional para las Cortes de Apelaciones, y a los 26 magistrados de la Corte Suprema de Justicia, que regirán la aplicación de la justicia desde finales del 2024, hasta el 2029.

Las demandas de las y los estudiantes universitarios son:

• Que el razonamiento del voto de las y los parlamentarios para elegir a las y los nuevos magistrados de las Cortes, sea sin influencias de corrupción. 
• Que se excluya la participación de personas consideradas «nocivas» para la justicia en el país.
• Que no haya más cooptación en el sistema de justicia, para que no exista cooptación de otras instituciones del Estado (como es el caso de la USAC).
• Que, a lo interno de la Universidad, se lleven a cabo la elección de las nuevas representaciones en todas las esferas, incluido el Consejo Superior Universitario (CSU).
• Llaman a la población guatemalteca a observar y fiscalizar el proceso restante de elección de las altas cortes de justicia
• Llaman a las y los diputados, a escuchar las exigencias y el clamor del pueblo.

 

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Las asociaciones estudiantiles que participaron en el pronunciamiento son:

• Asociación de Estudiantes de Ingeniería (AEI).
• Asociación de Estudiantes de Ciencias Químicas y Farmacia (AECQF).
• Asociación de Estudiantes de Ciencias de la Comunicación (AECC).
• Asociación de Estudiantes de Medicina (AEM).
• Asociación de Estudiantes de Historia (AEH).
• Asociación de Estudiantes Universitarios (AEU).

Al momento de la redacción de esta nota, el proceso de la elección de las Cortes de Justicia, se encuentra en su fase final de impugnaciones y amparos contra las y los participantes, un plazo de 72 horas, antes que el pleno de diputados realice su votación.