#Guatemala #Minería #Resistencia
Pobladores del oriente de Guatemala y del occidente de El Salvador y de Honduras, denuncian que el proyecto minero «Cerro Blanco» ubicado en el municipio de Asunción Mita, departamento de Jutiapa en Guatemala, busca reabrirse, lo que ha vulnerado múltiples derechos a las comunidades, principalmente indígenas y campesinas en la región.
«conlleva la imposición de un modelo económico extractivista en Centroamérica que se manifiesta mediante concesiones y privilegios otorgados por los Estados a empresas multinacionales, a través de prácticas de corrupción administrativas, a cambio de regalías insuficientes que no cubren los daños ambientales irreparables» reza el comunicado.
El jueves 05 de febrero del 2025, las organizaciones, conglomeradas en la Alianza Centroamericana Frente a la Minería (ACAFREMIN) denunciaron en la Ciudad de Guatemala, los atropellos a sus derechos y los de las comunidades directamente afectadas por la explotación minera en Asunción Mita.
- Alto impacto ambiental (contaminación de suelos, agua, deforestación y vulneración de fauna).
- Violenta el derecho humano al agua potable y limpia.
- Afectación directa del río Ostúa (Guatemala), Laguna de Güija (Guatemala y El Salvador), y del río Lempa (El Salvador).
- No se consulta a las comunidades sobre los proyectos, y se violentan las consultas ya realizadas.
- Se criminaliza a quienes defienden los territorios, y a las y los líderes de las comunidades.
- Se desplaza forzadamente a las comunidades, o se limita su acceso.
- Enfermedades de diferentes índoles, surgidas por la contaminación del medio ambiente.
- Entre otras.
Denuncian además las inconsistencias administrativas alrededor del proyecto, como que «la licencia de explotación aprobada en el 2007 fue otorgada sin cumplir requisitos técnicos ni científicos, y sin informar ni consultar a la población (…) manteniéndose únicamente por la corrupción y negligencia del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN) y del Ministerio de Energía y Minas (MEM)» de Guatemala.
Y por otra parte, denuncian el traslado del proyecto de «empresa en empresa» así como cambios de nombre, ahora llamándose «Era Dorada». Las empresas que han tratado de hacer viable el proyecto son: Entremares S.A., GoldCorp, Bluestone Resources, y ahora, el dominio del proyecto es de la empresa Aura Minerals (todas de origen canadiense). Aura Mineral adquirió el proyecto en 2025.
El Colectivo Madre Selva de Guatemala, sostiene que Aura Minerals pretende operar en base al estudio de impacto ambiental del proyecto, que fue aprobado en el 2007.
Aura Minerals en Honduras, y vulneración de los derechos del pueblo Ch’orti’
ACAFREMIN, Madre Selva y el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ) del pueblo hondureño, denuncian la explotación de una mina que gestiona una empresa subsidiaria de Aura Mineral, en Azacualpa, La Unión Copán, al occidente de Hondura, cerca de la frontera con el departamento de Chiquimula, Guatemala.
La mina en Azacualpa, La Unión, Copán, ha estado activa, denuncia el MADJ, por más de 40 años.
Las organizaciones denuncian:
«Estas prácticas no son aisladas. En Honduras, la empresa MINOSA, filial de Aura Minerals, ha sido señalada de destrucción ambiental, desplazamiento de poblaciones, daños al patrimonio cultural, profanación de un cementerio ancestral (del pueblo Ch’orti’) y persecución de defensores ambientales, encontrándose bajo escrutinio de organizaciones internacionales de Derechos Humanos»
El abogado Lestter Castro, miembro del Movimiento MADJ expone:
«Las actividades que ha realizado esta empresa durante todo este tiempo han sido desastrozas para el ambiente. Hay numerosas denuncias que se han presentado desde hace muchos años, hay documentación de que se ha realizado grandes daños ambientales, contaminación de aguas por derrames de cianuro, así como por los embalses de las pilas de lixiviación que tienen ahí…
Nosotros hemos denunciado esto. La última denuncia la pusimos en el 2022-2023 pero no hay diligencias investigativas por parte del Ministerio Público que puedan finalmente determinar que ellos tienen responsabilidad por todos estos hechos.
Han corrompido nuestra institucionalidad pública.
Han atentado en contra de la cultura indígena del pueblo Maya Ch’orti’ y en contra del tejido social de la comunidad. Han vulnerado el cementerio comunitario ancestral de Zacualpa. Pero esto tiene finalmente un conflicto con la empresa minera porque allí, había yacimiento de oro, que es lo que extrae esta empresa minera en esta zona.
Frente a esto nosotros presentamos diferentes acciones jurídicas, presentamos un recurso legal ante la Sala de lo Constitucional del Sistema de Justicia, que terminó dándonos la razón, indicando que las actividades de la empresa estaban violentando diferentes derechos a la comunidad indígena Maya Ch’orti’, especialmente el derecho a ser consultados de manera libre, previa e informada.
Sin embargo, a pesar de todo, con un absoluto abuso por parte de las autoridades municipales, también por parte del poder judicial de esa zona y también por parte de la empresa, se ha incurrido en diferentes acciones para que esta resolución de la Sala de lo Constitucional (el máximo órgano de justicia constitucional en el país) fuera violentada por parte de esta empresa minera.
EL CEMENTERIO TERMINARON ARRAZÁNDOLO, TERMINARON EXHUMANDO A TODAS LAS PERSONAS QUE ESTABAN EN ESTE CEMENTERIO, y hoy día, la comunidad Ch’orti’ no tiene dónde poder visitar a sus difuntos, ni saben a dónde los fueron a enterrar.
Esto es especialmente grave porque existe por parte del Estado, una omisión absoluta para tutelar los derechos de estas comunidades, frente al abuso y la impunidad con la que opera esta empresa en la zona…»
