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Día a día se trasladan al municipio de San José del Golfo entre 15 y 20 elementos del ejército de Guatemala sin justificación alguna, generando zozobra y un sentimiento de intimidación entre los pobladores debido a que en el municipio se encuentra el proyecto minero “El Tambor”.
Desde 2016 la Corte Suprema de Justicia suspendió las labores de la mina por no consultar a las comunidades indígenas sobre la implementación. Ahora con la presencia del ejército existen los rumores de que esta pueda operar nuevamente, expreso José Angel Llamas, integrante de la resistencia pacífica “La puya”
El miedo de la resistencia radica en que en anteriores ocasiones las fuerzas de seguridad les han reprimido para proteger las operaciones de la mina, que a pesar de no contar con permisos vigentes para ingresar, lo continúa haciendo.
Pobladores han solicitado a las autoridades municipales y de la policía se informe el porqué de la presencia militar, sin embargo estos han expresado que desconocen las razones.
La mina el “Tambor” pertenece a la empresa estadounidense Kappes Cassiday & Associates, quien demandó al estado de Guatemala mediante un arbitraje internacional por 300 millones de dólares.
Yoselin Valdéz
