los idiomas maternos existen, porque nuestras madres no los entregaron al silencio.

Guatemala se nombra como un país plurilingüe, las leyes reconocen 22 idiomas mayas, xinka y el garífuna, incluso se decretó oficialmente el 21 de febrero Día Nacional de los Idiomas Indígenas (Decreto 3-2024).  En el papel, el reconocimiento existe, pero entre el reconocimiento jurídico y la realidad cotidiana hay una distancia que se llama racismo estructural.

Porque el problema nunca fue únicamente la ausencia de leyes, el problema ha sido que el español sigue concentrando el poder real, es el idioma de la justicia, de la universidad, del sistema bancario, de la salud pública, del Ministerio Público y de la administración del Estado (solo por nombrar algunos ejemplos), donde la atención en idiomas mayas es mínima, precaria o inexistente, se ha dado en las burlas, en los castigos, en la sospecha automática que recae sobre quien no habla español “correctamente”.  Nuestros idiomas aparecen como anexos, como apoyos eventuales, como gestos de inclusión, pero no como idiomas con la misma jerarquía, y cuando un idioma no tiene el mismo peso institucional, sus hablantes tampoco.

Ese es el funcionamiento del racismo lingüístico, no necesita prohibir explícitamente para excluir, le basta con organizar el país de tal manera que un solo idioma tenga autoridad plena y las demás sobrevivan en los márgenes.

Ese orden produjo un despojo profundo,  muchas madres y padres dejaron de hablar a sus hijas e hijos en su idioma materno no por desprecio, sino por amor, porque sabían que en este país hablar un idioma maya podía significar burla, castigo, sospecha, violencia y decidieron protegernos del dolor que ellxs conocieron, la renuncia del idioma maya no fue voluntaria; fue una estrategia de sobrevivencia en un contexto hostil, porque el despojo no siempre llega con armas visibles, a veces llega con vergüenza, con miedo, con silencio.

Por eso, cuando hoy hablamos nuestro idioma, no estamos haciendo un gesto cultural, estamos haciendo memoria y justicia; memoria de quienes resistieron antes que nosotras, memoria de las abuelas que siguieron nombrando el mundo en su idioma aun cuando era motivo de humillación, memoria de las madres que, mientras amamantaban, construían, organizaban, tejían, enseñaban, torteaban o sembraban, transmitían palabras junto con dignidad.

Pero también estamos luchando.

Porque hablar nuestros idiomas mayas es una postura política, es una forma de decirle al Estado que, a pesar de sus intentos históricos de homogeneización, no logró borrarnos, aunque lo intentó muchas veces mediante la escuela, la institucionalidad, la vergüenza y la exclusión sistemática. Es afirmar que nuestros idiomas no son obstáculos para el “desarrollo”, sino sistemas completos de pensamiento, memoria y mundo, cada idioma contiene una forma propia de comprender el tiempo, el territorio, la comunidad y la vida.

Es necesaria la Academia de Lenguas mayas, las instituciones de revitalización, los esfuerzos técnicos y lingüísticos, documentar, sistematizar y teorizar importa, pero no basta, el Estado tiene la obligación de garantizar plenamente que nuestros idiomas tengan el mismo valor y la misma presencia que el español en todos los espacios públicos, tenemos la claridad que no necesitamos permiso para existir, pero sí exigimos condiciones dignas para vivir, porque no puede seguir siendo que Guatemala se nombre como país multicultural mientras el español continúa siendo el único idioma con poder real, el multilingüismo no puede quedarse en discurso, debe sentirse en la justicia, en la salud, en la educación, en la administración pública.

Nuestros idiomas siguen vivos.

No por voluntad estatal, sino porque se sostuvieron en la vida cotidiana, porque hubo quienes los hablaron incluso cuando era peligroso hacerlo, porque se negaron a entregar su idioma al silencio, esa persistencia no es romántica, es política.

Hoy más niñas, niños y juventudes reaprenden su idioma, lo escriben en plataformas digitales, lo usan en espacios organizativos, lo pronuncian sin pedir permiso, eso es un avance sumamente significativo, pero no confundamos avance con justicia lingüística, la justicia lingüística implica que ninguna persona tenga que traducirse para acceder a sus derechos.

Mientras tanto, hablar nuestro idioma sigue siendo memoria y sigue siendo lucha.

Es memoria porque nos conecta con la resistencia de quienes nos antecedieron.

Es lucha porque confronta un Estado que aún funciona desde el racismo lingüístico.

Y cada vez que los hablamos, enseñamos o exigimos en las instituciones, no solo nos comunicamos, más bien disputamos poder, reclamamos dignidad y afirmamos que este país también se piensa, se siente y se nombra en idioma maya.