#Opinión | Jairo Mejía.

Reconozco que los casos que inspiran este análisis están basados en series de televisión como Narcos, Pablo Escobar y La Reina del Sur, entre otros. Entonces, ¿por qué esta aclaración inicial? Porque deseo abordar brevemente el tema del narcotráfico; no en un sentido general, sino específicamente en relación con las incautaciones que ha destacado el ministro de Gobernación (Mingob), Francisco Jiménez, y su equipo en la Policía Nacional Civil (PNC).

Recientemente, se ha anunciado la incautación de «1 mil 700 kilos de cocaína», catalogada por el Mingob como «la mayor incautación terrestre en la historia del país». Sin embargo, es importante recordar que esta afirmación puede ser exagerada, considerando que cada gobierno alardea de hazañas similares: “la mayor incautación de la historia”.

 


Pero más allá de estas cifras, lo que realmente debería llamar nuestra atención son las preguntas sin respuesta que surgen a raíz de estos hallazgos: ¿Cómo se ubicó el lugar exacto donde se almacenaba la cocaína? ¿A quién pertenecía la propiedad? ¿Había alguien vigilando dicha propiedad? ¿Qué sucede después de que la droga es incautada y cómo se asegura su destrucción? ¿Existe evidencia de que la droga realmente se destruye y no regresa al mercado? ¿Cuál es el origen y destino final de esta droga? ¿Cómo se llevaron a cabo las investigaciones para llegar a ese lugar? ¿La PNC cuenta con la capacidad para realizar investigaciones más profundas sobre la narcoactividad?

Cada uno de estos hallazgos, como los mencionados anteriormente (que han ocurrido tres o cuatro veces en los últimos dos meses bajo el actual gobierno), plantea más preguntas que respuestas. Esta falta de claridad nos lleva al terreno de la especulación, ya que nuestra imaginación se nutre de las representaciones ficticias de la realidad en series como las mencionadas anteriormente.

 



Sin embargo, es importante recordar que estas especulaciones son solo eso: suposiciones. Es posible que la PNC tenga la capacidad para realizar investigaciones exhaustivas que conduzcan a estos hallazgos masivos, pero que lamentablemente no se traduzcan en arrestos. Si la PNC posee los recursos para identificar y localizar estos cargamentos, ¿por qué no se utilizan esos mismos recursos para prevenir otros tipos de delitos? ¿Es válido cuestionar las capacidades del Mingob y la PNC en este contexto? ¿Cómo podemos estar seguros de que estas incautaciones no son más que una fachada?

En resumen, cada administración gubernamental parece querer demostrar su compromiso en la lucha contra el narcotráfico, pero las acciones realizadas podrían estar allanando el camino para futuros cargamentos. La falta de transparencia y respuestas claras solo deberían alimentar la especulación y el escepticismo en la sociedad.