#Opinión | Ramón Cadena.

Vivimos en Guatemala bajo un régimen autoritario, que produce una fuerza devastadora como la de un tsunami, para aniquilar a la oposición, implementar una agenda conservadora, hacernos retroceder otros cien años y que sea muy difícil volver a avanzar. Lo que me resulta deleznable, es que minorías en el poder implementan esta agenda por medio de actos de corrupción y negociaciones ilícitas, gracias al fraude de ley y de la mano del crimen organizado.

Lo que estamos sufriendo la población guatemalteca, es una batalla entre los sectores democráticos, en contra de las mafias que operan ilegalmente en el país. Lo deplorable es que las y los funcionarios del Estado guatemalteco utilicen los recursos, las instituciones y el territorio de dicho Estado, en detrimento de la población. No hacen nada para combatir este fenómeno y sólo promueven más impunidad. En otras palabras, contravienen los enunciados de nuestra Constitución Política y comprometen al Estado de Guatemala, con intereses mafiosos; a cambio de ganancias millonarias, ofrecen importantes cuotas de poder.

En esta batalla, un actor fundamental es el Poder Judicial. Este poder del Estado, integrado principalmente por abogados y abogadas que actúan como jueces o juezas, debería intervenir para hacer justicia y así defender los derechos humanos de las personas.
“Sin Justicia, no hay paz” dice una frase célebre que cobra auge en la lucha contra la discriminación racial en EEUU en la década de los sesentas. Esta frase es totalmente cierta. No podemos esperar que exista paz, si no hay justicia.

Por ello es que jueces independientes, progresistas e imparciales, que respeten el Estado de Derecho y sus principios, son necesarios en nuestra sociedad. Si bien en la actualidad, aún quedan jueces con ese perfil, desde mucho tiempo atrás, muchos políticos quieren controlar el Poder Judicial, nombrando jueces sumisos y parcializados, que no defienden la independencia judicial. Ríos Montt incluso creó los Tribunales de Fuero Especial.

Ya sea que la ola del mar sea muy fuerte y que por ello ingrese muchos kilómetros adentro de tierra firme o que sea débil y que por ello avance solamente una corta distancia, lo cierto es que, de una u otra forma, un tsunami produce mucha destrucción. Ya lo pudimos notar con el último que se origina a partir de la erupción del volcán submarino en el pacífico sur, que provoca un oleaje tremendo, sacude la Polinesia, incomunica aún más a la isla de Tonga y llega hasta las costas de Japón, Australia, Nueva Zelanda y otros lugares cercanos. Literalmente, destruye todo lo que va encontrando a su paso.

Si bien el oleaje del tsunami provocado por el volcán submarino no llega a nuestras costas, casi al mismo tiempo en Guatemala se produce otro tsunami igual o quizá más dañino. Éste lo origina, ni más ni menos, que la funcionaria encargada de dirigir la persecución penal; en efecto, la fiscal general Consuelo Porras, presenta una solicitud de antejuicio, ni más ni menos, que en contra de una jueza honesta, imparcial e independiente. Sin lugar a dudas, se trata de una denuncia promovida por razones espurias e ilegítimas, que constituye delito según el Código Penal y que conlleva el afán de remover a una jueza valiente, insobornable y prudente, para que no siga conociendo determinados casos relativos a la lucha contra la corrupción (Caso Comisiones Paralelas y Caso Odebrecht por ejemplo).

El Derecho Internacional protege a las juezas y jueces independientes y a su actitud imparcial, para que no puedan ser removidos sin justa causa. Así lo garantizan los Principios Básicos relativos a la Independencia de la Judicatura de la Organización de las Naciones Unidas (Principios 17 – 20) y específicamente el principio 18 que dice: “Los Jueces sólo podrán ser suspendidos o separados de sus cargos por incapacidad o comportamiento que los inhabilite para seguir desempeñando sus funciones”. Nuestro derecho interno, para variar, tiene muchos vacíos en este campo y debe ser reformado, empezando por una reforma constitucional, hasta lograr la inamovilidad de jueces y juezas, salvo por incapacidad o comportamiento que los inhabilite.

La Jueza Erika Aifán goza de absoluta credibilidad entre la población guatemalteca; valoramos su actuación; cuando se aproxima, aparece la justicia personificada en una mujer cabal, intachable, imparcial y valiente. Ella le devuelve a la población guatemalteca, la esperanza de alcanzar un Sistema de Justicia para preservar la paz, la estabilidad del sistema democrático, los derechos humanos y la seguridad entre las y los ciudadanos. La fiscal general Porras, por el contrario, no produce la más mínima confianza y es vista como una de las principales operadoras del llamado “pacto de corruptos”; el propio gobierno de EEUU la ha calificado como funcionaria corrupta, le retiró la visa y, en consecuencia, ya no puede entrar a dicho país.

Es inaudito que esta funcionaria con su desprestigio a cuestas, trate de remover y acuse a la jueza Aifán Dávila de haber cometido varios delitos, cuando dicha Jueza representa la honestidad, eficiencia y transparencia del Sistema de Justicia. También es lamentable, que la mayoría de las y los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, como buenos cómplices de la fiscal general Porras, en vez de proteger y velar por la independencia e imparcialidad del Poder Judicial al que pertenecen, guarden silencio y no muevan un solo
dedo a favor de la jueza Aifán.

Con su silencio, están violando la Constitución Política y la Ley del Organismo Judicial, que regulan la obligación imperativa de proteger a aquellos jueces y juezas que sufren atentados en contra de su integridad física o de su integridad profesional, de su independencia e imparcialidad. Con sus actos impunes, lo que demuestran tanto la fiscal general, como las y los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, es que el Estado de Guatemala atraviesa por una crisis profunda y que algo debemos hacer los que creemos en
la democracia, para lograr rescatarlo de la cooptación total en la que se encuentra.

El Sistema de Justicia le debe garantizar a las y los jueces del Poder Judicial, que lleven a cabo sus tareas sin presiones de ningún tipo. De lo contrario, el Derecho no puede hacer realidad la justicia. Lo primero que siempre buscan quienes litigan de mala fe y promueven la impunidad, sea en Guatemala o en otras partes del mundo, es remover a las
y los jueces imparciales, para que el pleito continúe bajo la dirección de un juez “amigo”.

No debemos olvidar la sentencia del 6 de mayo de 2020 de la Corte de Constitucionalidad (CC). En dicha sentencia, la CC emite consideraciones fundamentales que hay que estudiar con lupa, ya que desnuda el sistema de cooptación del Estado en el que vivimos. Creo que, si la Justicia está cooptada por intereses mafiosos, deja de ser Justicia y se convierte en un mecanismo de persecución y represión.

Por Prensa