Más de 400 personas permanecen en campamentos, sin condiciones dignas, en la franja fronteriza entre Guatemala y México, son los pobladores desplazados de la comunidad Laguna larga.
Durante 18 meses los comunitarios se encuentran en una crisis humanitaria, la falta de agua potable, alimentos y la falta de empleos ha provocado enfermedades en su mayoría en niños y niñas, dejando un saldo de una niña fallecida por desnutrición y el estrés de dejarlo todo ha cobrado la vida de dos personas y ha provocado 3 abortos.
Serbelio Gonzales, representante de la comunidad, menciona que el estado de Guatemala es responsable de la situación que padecen.
En Agosto del 2017 la Corte Interamericana de Derechos Humanos otorgo medidas cautelares, en las que se solicita al estado de Guatemala proteger el derecho a la vida y a la integridad de las personas, garantizar el acceso a una alimentación adecuada, a la salud entre otras.
Estas medidas no han sido cumplidas por el gobierno, por ello el bufete Jurídico de derechos humanos presento una petición ante el sistema Interamericano de Derechos Humanos para que el estado pueda responder y accionar a favor de la comunidad, El abogado Edgar Pérez señala que por el momento están solicitando un retorno provisional.
Pérez menciona que el gobierno ha dicho que ubicara a las y los comunitarios en una finca de extinción de dominio, sin embargo esta no puede utilizarse ni ser parte de una reparación debido a que la ley así lo establece.
Desde el pasado 2 de junio del 2017, las familias tuvieron que huir de la comunidad que estaba ubicada en el área de usos múltiples del parque Nacional Laguna del Tigre, para evitar confrontaciones con elementos de la policía y ejército que llegaron al lugar para desalojarlos.
Las familias se dedicaban a la agricultura y tenían acuerdos con el gobierno para mantener cuidado el lugar, ahora, ellos exigen regresar y así tener una vida digna