Foto: Soy 502

Por: Victor Maquin, educador y comunicador Maya Q’eqchi’

Un pueblo militarizado es un pueblo sin paz, y entre discursos políticos trasnochados y desinformación, el Gobierno de Guatemala pretende crear una cultura del miedo en el que la sensatez y la verdad se han sustituido por un continuo derroche de mentiras y restricciones, para beneficiar a las industrias mineras y palmeras.

2021 fue el año en el que las comunidades indígenas Maya Q’eqchi’ de El Estor, Izabal, estuvieron sistemáticamente bajo ataque por reclamar el derecho a la consulta tal como lo establece el Convenio 169. Como parte de las estrategias represivas del Estado de Sitio y luego un Estado de Prevención, llegaron al municipio miles de policías y militares armados hasta los dientes, consolidándose como el símbolo de una época que creíamos haber dejado atrás, el recuerdo del Conflicto Armado Interno con sus estadísticas de masacres, desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales y otras acciones vergonzosas que aún navegan en las turbias aguas de la impunidad.

La extracción de minerales sin dejar beneficios reales y tangibles al pueblo estoreño no debe permitirse, mucho menos si lo hacen acompañados de las fuerzas de seguridad pública con gases lacrimógenos, fusiles de alto calibre y abriendo fuego en contra de la población civil, en un contexto de militarización del territorio Maya Q’eqchi’, sin cumplir las leyes del país. Mientras no se haga una consulta de buena voluntad, las comunidades indígenas tienen el derecho de decir NO a la minería.

En Guatemala predomina la discriminación, el racismo y la indiferencia de la mayoría de los sectores sociales y silencio total de los medios de comunicación sobre esta nueva arremetida del Gobierno en contra de las comunidades indígenas. Las voces disidentes casi no se escuchan, aunque vienen creciendo de forma paulatina, principalmente los medios de comunicación alternativos, digitales y radiales, para enfrentar la desinformación que diseminan masivamente los medios corporativos y comerciales, tales como Canal 3, Canal 7, Canal 11, Canal 13, TN23, Radio Sonora, Radio Punto y demás radioemisoras y canales de la televisión, que se venden al mejor postor y trabajan para el Gobierno de Guatemala.

En este año, la población civil ha observado con indignación la militarización de los territorios indígenas y la imposición de Estados de Excepción en base a mentiras y desinformación. Yo soy estoreño y viajo cada semana, no obstante, nunca me afectó el bloqueo de carretera de la Resistencia Antiminera, el cual estaba enfocado en impedir la circulación del transporte pesado de las empresas mineras. Los vehículos livianos, motocicletas, camiones, buses y demás vehículos, circularon libremente y nunca hubo desabastecimiento de productos de la canasta básica en las tiendas y comercios de El Estor, tal como señalaron de forma irresponsable el Director de la PNC, el Ministro de Gobernación y hasta el mismo Presidente de la República.

La Policía Nacional Civil, el Ejército de Guatemala y el Ministerio Público se han constituido en garantes del funcionamiento de las empresas mineras y palmeras, atentando contra los derechos indígenas en el territorio Maya Q’eqchi’, durante los Estados de Sitio y Estados de Prevención en El Estor, propiciando un escenario de represión y violación a los derechos más elementales de las comunidades indígenas, que forman parte de los asuntos pendientes de cumplir por parte del Estado de Guatemala, según los convenios y tratados internacionales ratificados por el Congreso de la República, además del Acuerdo sobre Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas, vinculados a los Acuerdos de Paz que se firmaron el 29 de diciembre de 1,996.

En El Estor, 25 años más tarde, los territorios indígenas siguen sumidos en un fuerte abandono estatal reflejado en la precariedad de las vías terrestres, escuelas deterioradas y la falta de hospitales públicos, ante la parsimonia de la industria minera. Las comunidades indígenas, principales víctimas del Conflicto Armado Interno creyeron en esa transformación de país que conllevaría la paz, enfocada también en acabar con las desigualdades históricas y un desdén estatal endémico. Terminar con la pobreza, la exclusión y la criminalización, se suponía parte de los acuerdos, pero está lejos de ser una realidad.

Ante la imposición de la minería, la represión estatal y tantas otras anomalías, habría que demandar a nuestros gobernantes ante la justicia internacional para exigirles responsabilidades penales, además de reclamarles que dejen a un lado la propaganda y las  habituales mentiras con las que tratan de engañarnos, y que pongan sobre la mesa todas las medidas y los recursos del Estado para brindar seguridad, educación y salud con pertinencia cultural y lingüística, entre otras garantías constitucionales.

Queremos ver soluciones cuanto antes y no excusas infantiles sobre la magna inutilidad de un Gobierno finquero y un Estado fallido y represor, que está demostrando tácitamente su incapacidad para dialogar con las comunidades indígenas.

 

Por Prensa