“Las decisiones y la soberanía radican en el pueblo”, expresó Diego Petzey al finalizar la asamblea comunitaria realizada el pasado 21 de abril, a la que asistieron cientos de pobladores de Santiago Atitlán para hacer valer su voto como ciudadanos y ciudadanas directamente afectados por las decisiones de las autoridades locales y departamentales.
Tal como lo habían anunciado previamente las autoridades ancestrales del municipio, se llevó a cabo ese día un cabildo abierto, con el objetivo de consultar a la población sobre dos temas clave: la incorporación de nuevas líneas de tuc-tucs autorizadas por el actual alcalde municipal, y la instalación de jaulas de tilapia en la cuenca del lago de Atitlán.
La asamblea fue liderada y moderada por las autoridades ancestrales del municipio y contó con la participación del alcalde municipal, Francisco Coche Pablo, así como del gobernador departamental de Sololá, Edgar Tuy. También estuvieron presentes representantes de distintos sectores comunitarios.
La jornada inició con la exposición de la problemática causada por las jaulas de tilapia, las cuales han sido instaladas a lo largo de la cuenca del lago. Un estudio realizado por el Programa de Vigilancia Ambiental (PROVA) reveló la presencia de metales pesados como arsénico y plomo en la leche materna de mujeres de los municipios de Panajachel, San Juan La Laguna, San Pedro La Laguna y Santiago Atitlán. Esta alarmante situación representa un grave riesgo para la salud de las madres y sus hijos, y demuestra cómo la salud humana está íntimamente ligada al equilibrio del entorno natural.
Después de un proceso de unidad y votación por consenso, la población de Tz’ikin Jaay, junto con la cabecera del pueblo, logró que el gobernador derogara la autorización para las jaulas de tilapia. Como resultado, este 22 de abril a las 8:00 de la mañana, la población, la cabecera del pueblo, las autoridades ancestrales y las autoridades gubernamentales iniciarán de manera conjunta el retiro de las jaulas del lago. Según Diego Petzey, solamente en el municipio de Santiago Atitlán se han instalado 214 jaulas.
Como segundo punto de la agenda, se abordó el tema de las 279 líneas de taxis tipo tuc-tuc, autorizadas sin el consentimiento de la población, lo que ha provocado desorden vial, temor y un aumento de accidentes en las calles del municipio.
El alcalde municipal, Francisco Coche, se negó inicialmente a derogar las nuevas líneas. Sin embargo, la cabecera del pueblo, en conjunto con la población, reafirmó sus derechos y expuso con claridad las consecuencias negativas de esta medida. La comunidad se mantuvo firme en su postura, exigiendo la derogación total de las 279 líneas de tuc-tucs.
Durante la asamblea, se escuchó uno por uno a los miembros del consejo municipal, quienes, delante de toda la comunidad, fueron consultados sobre si apoyaban la posición del pueblo o estaban en contra. Finalmente, todos votaron a favor de la derogación.
Ante la fuerza de la unidad, la resistencia pacífica y la determinación del pueblo Tz’utujil en su lucha por la seguridad y el bienestar común, el alcalde no tuvo otra opción que acatar la decisión popular y proceder con la anulación de las líneas de taxis autorizadas sin consulta.
Al finalizar, la cabecera del pueblo, junto con la población, solicitó que se elaborara un acta oficial que dejara constancia de lo acordado, firmada por toda la corporación municipal.
Este hecho se suma a otros momentos en la historia de Santiago Atitlán, en los que el diálogo y el consenso han sido clave para avanzar en la defensa del territorio y los derechos colectivos. Un ejemplo emblemático es la creación del Acuerdo Gubernativo P-66/90, fechado el 6 de diciembre de 1990, cuyo numeral 3 instruye: “iniciar todas aquellas acciones necesarias para el traslado del destacamento militar fuera de la jurisdicción de Santiago Atitlán.”
La consulta comunitaria es una herramienta fundamental para garantizar que las decisiones que afectan a la población se tomen de manera participativa, transparente y legítima. En contextos como el de Santiago Atitlán, donde la organización comunitaria y las autoridades ancestrales mantienen un rol activo en la vida pública, este mecanismo fortalece el tejido social, promueve la corresponsabilidad ciudadana y asegura que el desarrollo se construya desde las prioridades y necesidades reales del territorio. La experiencia vivida el 21 de abril demuestra que cuando se escucha al pueblo y se respeta su voz, se abren caminos hacia soluciones sostenibles, justas y colectivas.
Nota: Juana Ixtabalán, Dorcas Ixtabalán y Leobardo Gaspar