By Área de Prensa #ParaNoOlvidar #Guatemala | El 10 de mayo de 2013 quedó marcado en el calendario nacional como el día en que la justicia guatemalteca dictó una resolución sin precedentes. En una jornada que captó la atención internacional, el Tribunal Primero de Mayor Riesgo A emitió la primera sentencia por genocidio contra un exjefe de Estado en el país, señalando la responsabilidad de José Efraín Ríos Montt en las masacres perpetradas contra el pueblo Maya Ixil.
@fger_mayakat #ParaNoOlvidar #Guatemala | El 10 de mayo de 2013 quedó marcado en el calendario nacional como el día en que la justicia guatemalteca dictó una resolución sin precedentes. En una jornada que captó la atención internacional, el Tribunal Primero de Mayor Riesgo A emitió la primera sentencia por genocidio contra un exjefe de Estado en el país, señalando la responsabilidad de José Efraín Ríos Montt en las masacres perpetradas contra el pueblo Maya Ixil. La lectura del fallo, encabezada por la jueza Yassmín Barrios, fundamentó la condena de 80 años de prisión —50 por genocidio y 30 por delitos contra los deberes de humanidad—. El tribunal concluyó que el Estado, bajo el mando de facto de Ríos Montt entre 1982 y 1983, ejecutó planes militares que identificaron a la población civil no combatiente como el enemigo interno, resultando en la eliminación sistemática de comunidades en la región Ixil. La sentencia no solo se basó en peritajes antropológicos y documentos militares como el Plan Victoria 82, sino primordialmente en el testimonio de casi un centenar de sobrevivientes. Los relatos de mujeres y ancianos, que narraron las atrocidades en sus propios idiomas, fueron el pilar que sostuvo la resolución judicial. Mientras las organizaciones de derechos humanos y víctimas celebraban el fallo como un paso hacia la dignificación, sectores afines a la cúpula militar y empresarial manifestaron su rechazo. Autor: Marco Antonio Hernández Arévalo #MayaKat #Informando #DesdeLosTerritorios ♬ Noticiero Maya Kat FGER – Maya K'at #DesdeLosTerritorios
«El estado no ha hecho ninguna acción para que la sentencia se conozca», expresa Gabriela Hernández, integrante del Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos (CALDH).
La sentencia no solo se basó en peritajes antropológicos y documentos militares como el Plan Victoria 82, sino primordialmente en el testimonio de casi un centenar de sobrevivientes. Los relatos de mujeres y ancianos, que narraron las atrocidades en sus propios idiomas, fueron el pilar que sostuvo la resolución judicial. Mientras las organizaciones de derechos humanos y víctimas celebraban el fallo como un paso hacia la dignificación, sectores afines a la cúpula militar y empresarial manifestaron su rechazo.
La lectura del fallo, encabezada por la jueza Yassmín Barrios, fundamentó la condena de 80 años de prisión —50 por genocidio y 30 por delitos contra los deberes de humanidad—. El tribunal concluyó que el Estado, bajo el mando de facto de Ríos Montt entre 1982 y 1983, ejecutó planes militares que identificaron a la población civil no combatiente como el enemigo interno, resultando en la eliminación sistemática de comunidades en la región Ixil.
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Genocidio, la palabra que no quieren escuchar
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Carolina Sinay
