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Por: Carolina Rivas
El máximo órgano de justicia del país, la Corte de Constitucionalidad, reconoció que se violentaron los derechos del pueblo Maya Q’eqchi’ al no consultarles sobre la imposición de los proyectos hidroeléctricos Oxec I y II, pero no piensa hacer mucho para restituírselos.
En una histórica sentencia, permitió que la empresa, aun violentando la ley, continúe trabajando un año, prorrogable, en lo que se realiza la consulta a las comunidades.
En enero los proyectos ya habían sido suspendidos por orden judicial, pero “los empresarios empezaron a presionar a la CC” expresa Pedro Ramírez, representante de las comunidades de Santa María Cahabón.
Y aunque la resolución mande a consultar al pueblo Q’eqchi’, la CC da hasta un año para que esto se realice. Si no se consulta, el plazo podría alargarse e incluso las comunidades podrían perder este derecho. José Cruz del Colectivo Madre Selva manifiesta que este aspecto es ilegal.
Favoreciendo aún más a la empresa, la resolución manda a que se conforme una comisión pre consulta en la que el pueblo Q’eqchi’ no tendría representación real, violentando el convenio 169 de la OIT que permite que los pueblos decidan libremente y de acuerdo a su cultura, tradiciones y costumbres.
El año paso se intentó realizar la consulta a la población, pero la empresa la detuvo por medio de un amparo que finalmente le fue denegado. Ahora, a pesar de la ambigua resolución, el camino está libre y las comunidades preparadas para exigir su derecho a decidir sobre sus territorios y lo harán conforme a sus tradiciones.
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Yoselin Valdéz
