By Carolina Sinay Guatemala en los últimos años ha estado marcada por la criminalización de defensores de derechos humanos y defensores de la Madre Naturaleza, por comunicar debilidades y el aprovechamiento de las fuerzas de poder, siendo enviados a prisión y sometidos a investigaciones, convirtiendo la labor comunitaria en un riesgo. Se señala que las acusaciones, en muchas ocasiones falsas, son orquestadas desde el Ministerio Público, en donde la encargada es María Consuelo Porras Argueta, a quien señalan de confabular en contra de la sociedad guatemalteca.
El 15 de abril de 2026, un grupo de guatemaltecos que han sido criminalizados salió a las calles de la ciudad capital, en la zona 1 específicamente, desde el parque Morazán, o mejor conocido también como parque Jocotenango. Recorrieron la Sexta Avenida, haciendo una parada en Casa Presidencial, hasta llegar a la Corte Suprema de Justicia para hacer la entrega de un memorial, en el que solicitaron a la Comisión de Postulación, encargada de elegir seis perfiles, que el presidente Bernardo Arévalo pueda elegir a uno de ellos para ser el o la encargada de llevar el control en el Ministerio Público de Guatemala.
La cadenas que rodeaban las muñecas lo detallan como símbolo de lo que han tenido que vivir injustamente, también representa el tiempo que estuvieron privados de libertad sin tener audiencias, señalando que se solidarizan con los defensores y defensoras que siguen presos, refiriéndose a los que están privados de su libertad o bien viven en el exilio por temas de fuerza mayor.
En la caminata se pudieron observar a personas como:
Leocadio Juracán, líder campesino y exdiputado del Congreso de la República. Está acusado de «usurpación agravada» por su acompañamiento a una comunidad amenazada con desalojo en el departamento de Izabal, retenido en la cárcel Mariscal Zavala, en la ciudad capital.
Ramón Cadena se presentó de manera voluntaria ante las autoridades. Cadena compareció ante el Organismo Judicial por el caso USAC: Botín Político.
Bernardo Caal Xool: el proceso penal en su contra se dio como consecuencia de encabezar la lucha en defensa del río Cahabón, en Alta Verapaz. A Bernardo Caal lo condenaron en 2018 a 7 años de prisión por los delitos de robo agravado y detenciones ilegales.
Cristóbal Pop fue criminalizado en 2017 por exigir que se investigara a la Compañía Guatemalteca de Níquel.
Abelino Chub Caal: la jueza Claudeth Domínguez acusó formalmente a Abelino Chub Caal (enviado a juicio oral y público) por los delitos de «usurpación agravada», «incendio» y «asociación ilícita». Duró más de dos años en prisión.
Mauricio Rivas: por el delito de usurpación agravada, debido a una denuncia interpuesta por los propietarios de la finca Cerro Redondo, en el municipio de Barberena, Santa Rosa.
Eduardo Bin, quien fue procesado por la defensa de los recursos naturales del lago de Izabal.
José Robles, criminalizado por acciones enfocadas en defender la tierra y los recursos naturales en Izabal.
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