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El Tribunal de lo contencioso administrativo escucho los diferentes alegatos del gobierno y del Consejo comunitario de desarrollo “Laguna Larga”.
La vista Pública se celebró con el fin de que el tribunal declare con lugar una acción de amparo en contra del Consejo Nacional de Áreas Protegidas –CONAP- y La Comisión Presidencial Coordinadora de la Política del Ejecutivo en materia de Derechos Humanos – COPREDEH- por bloquear el retorno de manera provisional y por el incumplimiento de las medidas cautelares que dictamino la Corte Interamericana de Derechos Humanos –CIDH-.
Serbelio Santos relato la violencia del estado al desalojarlos y la crisis humanitaria en la que se encuentran en la línea fronteriza entre Guatemala y México. Solicito retornar al municipio de San Andrés, Peten, “en donde hay tierra para cosechar y comer”, enfatizo.
Ante esta situación los representantes del Conap alegaron que está prohibido el retorno, por lo que solicitan se ubiquen en otro lugar que no sea considerado como “área protegida”.
El abogado Juan Castro, señalo que es la primera vez que se cuestiona y se exige ante un tribunal, la permanencia dentro de lugares considerados como “áreas protegidas” sin embargo, existen precedentes en los cuales se les han entregado títulos a las comunidades para que habiten las áreas de usos múltiples.
Además los abogados alegaron que existe una Política de asentamientos del CONAP que permite los asentamientos humanos a través del diálogo y se respetaría el debido proceso.
La COPREDEH solicito al tribunal dictar sin lugar la acción de amparo ya que han cumplido con los diálogos y han visitado el campamento de la comunidad laguna larga.
En la audiencia también participo el diputado Leocadio Juracán, señalo haber participado en mesas de dialogo que criminalizaba a los comunitarios y solicito al tribunal fallar con lugar el amparo para que la comunidad sea atendida humanamente.
Son 400 personas las que se encuentran viviendo en campamentos, sin condiciones dignas, 35 niños se encuentran en estado de desnutrición, se han dado abortos y han muerto 2 personas. El tribunal debe resolver en tres días.
Marco A. Hernández A.
Yoselin Valdéz
