Organizaciones sociales y autoridades indígenas exigieron frente al edificio del Ministerio Público (MP), el cese de los desalojos violentos y criminalización contra las personas defensoras de derechos humanos.
El 29 de septiembre 250 personas de la comunidad NimlaSachal ubicada en Cobán, Alta Verapaz; fue desalojada, pese a que habitan la zona desde 1989 y se encontraban en un proceso interinstitucional de dialogo para resolver la problemática. Un segundo desalojo se registró el 30 de septiembre en la comunidad Aktela de Sierra Santa Cruz en Livingston, Izabal.
Se denuncia que dicho desalojo fue realizado por un grupo del crimen organizado, la acción dejó a una persona herida, también destruyeron las viviendas, quemaron sus cultivos y comida.
“Lo que tenemos es criminalización, desalojos, golpes a la ciudadanía, más corrupción. Ahora vemos que incluso una de las familias ricas están vinculados a los Pandora Papers, pero a ellos no los investigan, tenemos una fiscal declarada corrupta por Estados Unidos, eso no se investiga pero la gente pobre y sencilla que comete una falta, a esa si investigan”, expresó Carmen Reyna.
En su comunicado señalan que cinco personas de la resistencia pacífica del Pueblo Ch’orti’ de Olopa son constantemente atacados por la empresa minera Cantera “Los Manantiales”, tras las agresiones una comunitaria detenida junto a sus hijas, fue ligada a proceso y ahora cuenta con prisión domiciliaria.
La conflictividad agraria es un problema que sigue sin resolverse, con la creación de la Fiscalía de Usurpaciones, por medio de la cual se legalizarán las tierras despojadas a comunidades indígenas, “recodemos que en Guatemala el 60% de la tierra cultivables encuentra en el 2% de la población que la concentra”, enfatizó.
Agregaron que las comunidades de San juan Sacatepéquez están siendo perseguidas por el alcalde del municipio, sin embargo aún no se investiga el hecho. Por su parte, en Izabal, el proceso de consulta puede estar manipulándose para favorecer intereses mineros.
“Exigimos que cese la criminalización, la persecución y desalojos violentos, que se investigue a los agresores y criminales para que haya protección integral para las personas que hayan sufrido. Y sobre todo a las personas que representan al pacto de Corruptos: Alejandro Giammattei y Con suelo Porras que renuncien”.
Para el sábado 09 de octubre llamaron a salir a las calles para continuar denunciando las injusticias que la pandemia permite observar.