By Marco A. Hernández A. #Guatemala #CIDH #DerechosHumanos
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentó públicamente los hallazgos obtenidos durante su visita realizada al país entre el 22 y el 26 de julio del 2024, y se reflejan en su informe «Situación de los Derechos Humanos en Guatemala» que fue presentado en la ciudad de Guatemala el 01 de diciembre del 2025, 17 meses después de su visita.
En esa visita in loco (visita física que se realiza «en el lugar» para observar y recopilar información de primera mano) las y los comisionados de la CIDH se reunieron con sociedad civil, sector privado e instituciones del Estado, para revisar específicamente la situación de los Derechos Humanos en el país, y cómo estos son violentados.
Visita in loco a Guatemala, 2024
Comienza visita oficial de la CIDH a Guatemala
En aquella oportunidad, la CIDH comunicó una serie de hallazgos preliminares:
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El informe final de la CIDH
Palabras de la comisionada para Guatemala, Andrea Pochak
Los hallazgos
El informe cuenta con 404 páginas, de las cuales, 22 están dedicadas a las conclusiones y recomendaciones, sobre lo observado y recabado durante la visita in loco. A partir de la pág. 351, los hallazgos son:
- Guatemala atraviesa una profunda crisis institucional que arriesga la gobernabilidad y el Estado democrático de derecho. Deriva de un sistema de pesos y contrapesos seriamente deteriorado, consecuencia del control de algunas instituciones estatales —entre ellas el MP— por actores externos, incluyendo políticos y económicos, articulados en torno a intereses que buscan perpetuar privilegios y asegurar impunidad.
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Un escenario de connivencia de los poderes Legislativo y Judicial orientado a restringir la autoridad del Poder Ejecutivo y mantener el statu quo. Situación que se refleja en el Congreso, donde ciertos grupos se resisten a romper con lo que en Guatemala identifican como el “pacto de corruptos” y avanzar en una agenda política basada en principios democráticos y el respeto a los derechos humanos.
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Manipulación del sistema de justicia resultado de una serie de acciones y decisiones que revirtieron los avances logrados durante el funcionamiento de la CICIG. Además de continuas injerencias indebidas en los procesos de selección y nombramiento de altas autoridades judiciales; retrocesos en el sistema judicial por la concentración de funciones administrativas de la Corte Suprema de Justicia; y la ausencia de garantías de independencia de la Corte de Constitucionalidad, evidenciada en decisiones cuestionadas por favorecer intereses particulares.
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El MP se ha apartado de su mandato constitucional y legal de ejercer la acción penal de forma independiente, autónoma y objetiva, en defensa del interés general de la población. En los últimos años, esta institución fue cooptada y desmantelada para operar como un instrumento de persecución selectiva. La fiscalía especial que lideró procesos emblemáticos de combate a la impunidad ahora actúa para blindar al statu quo y perseguir a quienes lo cuestionan.
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La criminalización se consolidó como una práctica generalizada. En un inicio se dirigió como represalia contra operadores de justicia y exfuncionarios de la CICIG que afectaron intereses de grupos/élites interesadas en la impunidad. Pero se extendió a abogados de defensa legal de criminalizados, comunidades indígenas, campesinas, sindicales, periodistas, estudiantes, personal académico, funcionarios públicos, operadores de justicia, al exprocurador de derechos humanos (Jordán Rodas), hasta el binomio presidencial de la República. Práctica que tiene un efecto disuasivo y colectivo en la sociedad, que ha fomentado la autocensura en el espacio cívico, e inclusive el exilio forzado.
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La instrumentalización del derecho penal ha sido posible por la connivencia de intereses particulares con el MP y sectores del Poder Judicial, que han contribuido a legitimar procesos de persecución penal selectiva sin las debidas garantías y mediante la privación arbitraria de la libertad. Simultáneamente, las personas operadoras de justicia que han actuado conforme a derecho, han enfrentado hostigamiento, estigmatización, amenazas, traslados arbitrarios y procesos penales infundados, lo que ha forzado a muchos al exilio.
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Impunidad estructural por casos de corrupción a gran escala y por los crímenes cometidos durante el conflicto armado interno se ha profundizado por la falta de independencia del sistema de justicia. Desde 2017, la CIDH constató un patrón de obstaculización, archivo y estancamiento de los procesos de justicia transicional, decisiones judiciales contrarias a las obligaciones internacionales, así como la amenaza permanente de iniciativas para establecer leyes de amnistía.
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Guatemala enfrenta desafíos significativos para combatir la pobreza y la desigualdad, así como para garantizar el pleno ejercicio de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Entre ellos, la concentración del poder económico, una estructura estatal débil con escasa capacidad de recaudación fiscal, altos niveles de corrupción, y un contexto de discriminación, violencia, racismo y exclusión de los pueblos indígenas y comunidades afrodescendientes y rurales.
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Los pueblos indígenas viven en condiciones extremadamente desfavorables en comparación con el resto de la población, con limitaciones al acceso a servicios básicos, energía eléctrica, saneamiento, falta de condiciones dignas de vivienda, limitadas oportunidades laborales y productivas, y obstáculos para el acceso a la justicia. Esta situación refleja la prevalencia de las relaciones económicas, culturales y sociales excluyentes que dieron lugar al conflicto armado interno.
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Subsiste un contexto de exclusión en el ámbito comunicacional, reflejada en las restricciones legales y prácticas que enfrentan las Radios Comunitarias Indígenas para acceder al espectro radioeléctrico y operar con seguridad jurídica, lo cual limita el ejercicio de su libertad de expresión.
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Se reconocen algunos avances institucionales para la protección de las personas defensoras de derechos humanos. Pero se constata que su labor sigue siendo una actividad de alto riesgo en el país. Existen graves patrones de violencia y abuso del derecho penal como mecanismo de hostigamiento, intimidación y obstaculización; en particular contra comunidades indígenas, campesinas y personas defensoras de la tierra, el territorio y el medio ambiente.
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Afrodescendientes, mujeres, personas LGBTIQ+, niñas, niños y adolescentes, adultos mayores, personas con discapacidad, migrantes y presos políticos, experimentan condiciones de vida marcadas por la desigualdad, la exclusión y la violencia.
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La transición de gobierno representó no sólo el triunfo de la voluntad popular expresada en las urnas, sino también una oportunidad histórica para restaurar los principios democráticos y el Estado de derecho en Guatemala. Para lograrlo, es indispensable fortalecer el acceso a la justicia, la rendición de cuentas, el combate a la corrupción y la impunidad.
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El sistema de justicia no cumple su rol de tutela judicial efectiva de los derechos de grupos en situación de discriminación histórica. Por el contrario, viene siendo instrumentalizado para criminalizar a las voces que demandan acceso a derechos, resguardar algunos intereses privados y asegurar la impunidad frente a violaciones de derechos humanos.
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La CIDH reafirma la urgencia de avanzar en reformas estructurales del sistema de justicia que garanticen la independencia judicial, establezcan procesos de selección y nombramiento de autoridades conforme a estándares internacionales de mérito, objetividad y transparencia, así como mecanismos para la rendición de cuentas frente al uso arbitrario del derecho penal.
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La CIDH reitera su compromiso de acompañar al Estado de Guatemala en la restauración de la institucionalidad democrática basada en la protección y garantía de los derechos humanos, la lucha contra la impunidad, así como en la memoria histórica, la reparación integral de las víctimas y el cumplimiento de los compromisos de los Acuerdos de Paz.
Yoselin Valdéz