Fátima*, tenía doce años cuando fue violada, a esa edad tuvo que enfrentar una maternidad forzada.  Fue tratada como una adulta ante el sistema de justicia y de salud. Tuvo complicaciones en el parto, pero los médicos esperaron hasta el último momento para practicarle una cesaría. ”Si fuiste buena para abrir las piernas, enfrenta el parto” le decían,  cuando ella no entendía que pasaba en su cuerpo.

La historia de  Fátima se repite año con año en el país. Como ella, en el año pasado, 2, 256 niñas y adolescentes menores de 14 años,  también enfrentaron una maternidad forzada tras ser víctimas de violencia sexual.

Ahora su caso será conocido por el comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, junto al de tres jóvenes de diferentes países de Latinoamérica, con la finalidad de demostrar que existe un patrón regional de violencia sexual y violación de los derechos sexuales y reproductivos de las niñas y adolescentes.

José fue como un padre. Era profesor universitario y funcionario público, ayudaba económicamente a la madre de Fátima. Se ganó la confianza de la familia, al punto de dejar que un 27 de noviembre de 2009 la llevara con él a un viaje a la ciudad capital. Esa noche, abuso de ella.

Según investigaciones, el 93% de los embarazos en niñas menores de 14 años son producto de violencia sexual. Cifras similares se presentan en la región, donde aún no se legisla por la interrupción de embarazos para sobrevivientes de violencia sexual.

Según Paula Barrios de Mujeres Transformando el Mundo, esto provoca que el proyecto de vida de las niñas se vea interrumpido y que los bebes nazcan en un círculo de pobreza y falta de oportunidades.

“Todavía es un delito pensar en una interrupción voluntario de un embarazo, pero condenar a las niñas a una maternidad forzada tiene efectos negativos  en la niña y en el ser que nace. No vemos propuestas para garantizar la continuidad del proyecto de vida de las niñas”

Tan solo una de cada 10 niñas que enfrentan una maternidad forzada logra continuar con sus estudios y tres de ellas se ven obligadas a trabajar. Tras la presentación de esos casos, se espera que el comité plantee recomendaciones que los estados asuman y así garanticen la prevención efectiva de violencia sexual y maternidades forzadas, además de reparaciones dignas para las sobrevivientes.

*nombre ficticio

Ir a descargar