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La Fundación Contra el Terrorismo (FCT) recusó a otro juez para que conociera el caso penal contra los ex líderes de los 48 Cantones de Totonicapán, Luis Pacheco y Héctor Chaclán. La Sala Tercera de la Corte de Apelaciones resolvió aceptar la recusación, e inmediatamente designó al Juez Séptimo de Instancia Penal, Fredy Orellana, para conocer el caso.
La resolución levantó la indignación de la familia y las organizaciones sociales presentes, puesto que fue Orellana quien emitió las resoluciones en el 2023 contra los resultados electorales, lo que propició los alzamientos ciudadanos. Tanto él, como otros jueces y trabajadores del Ministerio Público (MP) son los señalados de atentar contra la voluntad popular expresada en las urnas.
Pacheco y Chaclán continúan en prisión preventiva por ya casi diez meses, desde su aprehensión el 23 de abril del 2025. Ambos acusados de «terrorismo» y «obstrucción de la justicia», delitos imputados a raíz de participar y dirigir el «Paro Nacional 2023» en defensa del sufragio ciudadano, emitido en los comicios generales de ese año.
Han permanecido en prisión preventiva por no contar con un juez natural para conocer su caso. Varios jueces han sido ya entre recusados y suspendidos, siendo la última recusación contra el juez Quinto «B» Arnulfo Carrera, por parte de Ricardo Méndez Ruíz de la FCT.
Acciones que han mantenido estancado el proceso de resolución penal de las ex autoridades, lo que ha sido catalogado por organizaciones de la sociedad civil como «retrazo malicioso del juicio».
«Lo que nos llama la atención es que designa como juez al Juez Séptimo, Fredy Orellana, el cual también tendría impedimentos. En las protestas del 2023, Fredy Orellana fue señalado por parte de las Autoridades Indígenas.
Entonces nosotros entraremos a analizar si también existen las mínimas dudas de imparcialidad del señor juez Orellana de seguir conociendo.
Por supuesto, esto complica la situación jurídica de Luis Pacheco y Héctor Chaclán porque, no confiamos en un juez que ha sido señalado en múltiples ocaciones» expresó el abogado Juan Castro del Bufete para Pueblos Indígenas.
