#Opinión | Ramón Cadena
Treinta y seis años de conflicto armado interno demandaban hacer todo lo posible para firmar la paz. Y por fin, un veintinueve de diciembre de 1996, se firmó el último acuerdo que puso fin a la confrontación armada. Treinta y seis años de guerra, ameritaban proteger y construir la paz con cariño y dedicación. Lamentablemente, después de veinticinco años de post guerra, los ataques en contra de la implementación de los Acuerdos de Paz han sido múltiples y constantes.
Instalaron el neoliberalismo para dejar el respeto de los derechos económicos, sociales y culturales, en manos del mercado; lograron que la consulta popular no aprobara la reforma del Estado; que no ratificara la reforma constitucional, necesaria para construir un Estado diferente; defendieron la doctrina de los dos demonios, para promover más impunidad; evitaron que la justicia agraria se instalara y dejaron que el Derecho Penal resolviera la conflictividad agraria; para ello, claro, primero reformaron el Derecho Penal y crearon el delito de usurpación agravada, para después poder perseguir penalmente a quienes luchan para que se reconozca su derecho a la propiedad individual o colectiva sobre la tierra.
Dejaron sin efecto el programa de Cultura de Paz, para que se construyera con más facilidad, una sociedad violenta; aumentaron progresivamente los ataques a defensoras y defensores de derechos humanos, criminalizando la defensa de derechos; atacaron y obstruyeron la Justicia Transicional; expulsaron del país a la Comisión Internacional contra la Impunidad (CICIG), a pesar de todos los éxitos que tuvo esta Comisión en la lucha contra la corrupción y a favor del Estado de Derecho.
¡Qué lamentable tener que reconocer que la misma paz se ha visto obligada a seguir en guerra durante veinticinco años! Le siguieron disparando misiles y sembrando minas antipersonales a su alrededor durante los últimos veinticinco años, hasta que lograron que alguien se atreviera a dispararle a su institucionalidad. El gobierno de Giammattei lo hizo y atacó descaradamente el proceso de paz. Cerró la Secretaría de la Paz (SEPAZ), el Programa Nacional de Resarcimiento (PNR) y la Secretaría de Asuntos Agrarios (SAA). Estas acciones contravinieron el Derecho Internacional, el Derecho Constitucional, los compromisos de los Acuerdos de Paz y afectaron otras iniciativas relacionadas con el Derecho a la Paz.
Las y los autores materiales e intelectuales de los actos criminales en contra de esa señora enigmática, que camina desarmada entre tanta violencia, portando una bandera blanca en su mano derecha, tratando de promover la reconciliación entre hermanos, deberían ser llevados ante una Corte Nacional o Internacional, para que sea dicha Corte la que establezca si provocaron daños y perjuicios a las diferentes víctimas del conflicto armado interno o, por el contrario, si fueron simples políticas públicas, legítimas, legales y que no causaron ningún daño. El anhelo de las reformas pacíficas impulsadas por los Acuerdos de Paz, no puede desmoronarse y ceder el paso, así de fácil, a la guerra. Sabemos que hay pequeños grupos radicales que así lo desean. Sin embargo, en nombre de tantas víctimas de guerra y de la sociedad en general, debemos defender la paz.
Su camino ha sido más difícil de lo que se pensó, porque nunca imaginamos que los sectores conservadores y radicales la atacarían tan descaradamente y con tanta crueldad y la tendrían bajo acoso permanente por veinticinco años, a fuego lento. La lista de compromisos incumplidos es larga.
Y para muestra, un botón: no se ha aprobado una nueva Ley de Orden Público y se siguen utilizando los estados de excepción para gobernar; no se ha reformado el Estado y éste sigue promoviendo la desigualdad, la pobreza, la violencia, el racismo, la discriminación a las mujeres y a todos los grupos vulnerables; no se han impulsado las reformas constitucionales necesarias en materia de justicia; no se ha cumplido con el principio “pacta sunt servanda”, establecido en la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados. La conclusión final, es que los gobiernos de la postguerra le han dado la espalda al proceso de paz. Y el Gobierno de Giammattei, terminó dándole otro fuerte golpe a la institucionalidad de la paz y prepara una ofensiva que permita enterrar en forma definitiva dichos acuerdos.
Para bien de los que queremos una sociedad regida por la Cultura de Paz, quedó intacta su columna vertebral. Me refiero a la ley Marco de los Acuerdos de Paz, Decreto 52- 2005 del Congreso de la República que, aunque tarde, a fuerza de presión popular fue aprobada por dicho Congreso en el año 2005. Ésta contiene tres aspectos muy importantes:
- el artículo primero de dicha ley establece cuál es su objeto y reconoce que los Acuerdos de Paz son parte de los deberes constitucionales de protección a la persona y sus derechos;
- su artículo tercero reconoce a los Acuerdos de Paz el carácter de “compromisos de Estado”. Con respecto a este punto, debemos aclarar qué efectos jurídicos produce el incumplimiento de esos compromisos de Estado; y (c) el capítulo III de la ley, crea la institucionalidad del proceso de paz, la cual está siendo atacada con todo descaro y violencia por el Gobierno de Giammattei.
Para aprovechar positivamente estos aspectos de la Ley Marco, debemos señalar lo siguiente. El artículo primero de la ley reconoce que los Acuerdos de Paz son parte de los deberes constitucionales del Estado; esto significa que, las normas de los Acuerdos de Paz son normas de nivel constitucional y de carácter obligatorio. En segundo lugar, si los Acuerdos de Paz son compromisos de Estado y están siendo incumplidos por el Estado, las autoridades tienen responsabilidad derivada del incumplimiento y puede presentarse una acción legal nacional o internacional para que sea la Justicia la que resuelva si hubo tal responsabilidad.
Finalmente, el actual gobierno ya canceló la parte que pudo de la institucionalidad de la paz. A cambio, creó la COPADEH que no es ni chicha, ni limonada. No pudo cerrar el Consejo Nacional de los Acuerdos de Paz (CNAP), ya que éste fue creado por medio de la Ley Marco y no por medio de un Acuerdo Gubernativo; no pudo cancelar la Secretaría de la Mujer, gracias a la organización y valentía de las mujeres guatemaltecas. Para beneficio del proceso de paz y de la sociedad guatemalteca, una parte de esa institucionalidad se mantiene vigente.
De tal forma que, atacar el proceso de paz, como lo han venido haciendo sectores ultra conservadores de la mano de los diferentes gobiernos, constituye una violación constitucional y de las obligaciones internacionales relativas al Derecho a la Paz. Está claro que el respeto a este derecho es el camino que hay que seguir. En este sentido, la Corte de Constitucionalidad debió haber emitido, desde hace tiempo, una sentencia en su defensa. Sin embargo, sabemos de antemano, que no se le pueden pedir peras al olmo….