Trabajo Colaborativo de Simón Antonio de FGER y Lucía Ixchiú de Prensa Comunitaria.

La prisión política es una práctica permanente del Estado de Guatemala para la desmovilización social. Así lo demuestra el caso del profesor Abelino Chub, acusado por los delitos de usurpación agravada, incendio, coacción, asociación ilícita y agrupación ilegal de gente armada. El delito de usurpación agravada es un delito usado comúnmente contra campesinos criminalizados en su lucha de acceso a la tierra.

El 5 de junio el Ministerio Público pidió la clausura provisional de un año el caso de Abelino pero el juez no aceptó la petición del ente fiscal, lo que podría agravar la situación contra las comunidades. Esto ha llevado a los abogados a recusar al juez en varias oportunidades para que se abstenga de conocer el caso.

El caso de Chub Caal fue uno de los que conoció la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su visita a Guatemala el pasado 31 de julio al 4 de agosto.

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Por Prensa