Acciones legales buscan frenar acuerdo que ratifica el estado de sitio

Organizaciones sociales entre defensores, abogados y autoridades ancestrales maya, xinka y garífuna; presentaron una acción inconstitucional ante la Corte de Constitucionalidad (CC), para dejar en suspenso el acuerdo gubernativo que decreta el estado de sitio en 22 municipios de 6 departamentos.

La medida tomada por el ejecutivo y ratificada por el legislativo, “es desproporcional y contraviene estándares internacionales sobre suspensión de garantías constitucionales”, expresó, el abogado Juan Castro, señalando que con estas acciones se busca militarizar los  territorios de pueblos indígenas.

El abogado dijo que el recurso de inconstitucionalidad tiene como finalidad dejar en suspenso el acuerdo gubernativo 1-2019, que ratifica el estado de sitio en algunos municipios de Baja y alta Verapaz, Zacapa, el Progreso,  Petén y en todo el departamento de Izabal.

Además, las autoridades indígenas expresaron su preocupación ante el estado de sitio, debido a que la medida pone en riesgo la vida de las personas, “ hemos constatado que hay una persecución directa contra autoridades indígenas en el territorio Q’eqchi’, nos preocupa porque hay una intencionalidad de deshacerse de las autoridades propias de nuestros pueblos”, dijo Rigoberto Juárez, autoridad del Norte de Huehuetenango.

Agrego que, en dichos territorios, también se está generando un desplazamiento forzado que favorece a la implementación de proyectos extractivos.

Otro recurso fue interpuesto en la CC

Por su parte, La Comisión  Internacional de Juristas  (CIJ) junto al Comité de Desarrollo Campesino -CODECA-, presentaron un recurso de Amparo  en la CC, para que se suspenda el estado de sitio, el abogado Ramón  Cadena, expresó, que el recurso legal busca proteger a las personas, debido a que el Estado está incumpliendo con el artículo cuarto del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el artículo 27 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

Asimismo, dijo que  el estado de excepción no se justificó y por lo tanto, “se desprotege a las personas y a las comunidades que tienen un criterio diferente”, enfatizó Cadena.