El pleno de la Corte de Constitucionalidad resolvió este día tres amparos, frenando distintas acciones del presidente, ministros y diputados del Congreso de la República.

Frena explotación minera

A tempranas horas, informó sobre la suspensión temporal de la licencia de explotación minera Fénix, uno de los proyectos de la Compañía Procesadora de Níquel de Izabal, S.A. (PRONICO), antes conocida como Compañía Guatemalteca de Níquel (CGN),  subsidiaria de Solway Investment Group.

Dicha resolución revoca la decisión de la Corte Suprema de Justicia, la cual dejaba en vigencia la licencia otorgada por el Ministerio de Energía y Minas en 2016.

El proyecto minero fue denunciado por comunidades de El Estor, Izabal por la vulneración de sus derechos. Al menos nueve personas han resultado criminalizadas por impulsar esa lucha.

Frena compra de aviones Pampa III

A pesar de las recomendaciones de la Contraloría General de Cuentas, al presidente Jimmy Morales de abstenerse de comprar dos aviones argentinos “Pampa III”, este ha insistido en diversas ocasiones en realizar la operación.

Sin embargo, un amparo otorgado a Acción Ciudadana, le ordena abstenerse de la compra hasta agotar los requisitos regulados en ley. La resolución también alcanza a los ministerios de Gobernación y Relaciones Exteriores.

Frena ley de amnistía

Sobrevivientes y familiares de víctimas del Conflicto Armado Interno fueron amparados provisionalmente para que el Congreso de la Republica suspenda el proceso de formación, promulgación y sanción de la iniciativa 5377, Ley de Reconciliación Nacional.

La iniciativa planteaba aplicar amnistía a los delitos de genocidio, desaparición forzada y tortura, además de absolver a condenados por estos hechos, a pesar que regulación internacional dicta claramente que para estos delitos no existe indulto.

El abogado Héctor Reyes, mencionó que la resolución marcaba un “momento importante para las víctimas que han buscado justicia” pues la iniciativa de ley detendría procesos ya iniciados y dejaría en libertad a los responsables de masacres, asesinatos, desapariciones forzadas y torturas cometidas contra la población guatemalteca.