El 2 de junio de 2017 quedó grabado en la mente de las 490 personas que fueron desalojadas de la comunidad Laguna Larga situada dentro de la Reserva de la Biosfera Maya, su ubicación era lo que la hacía “ilegal” según el Consejo Nacional de Áreas Protegidas, CONAP.
Desde esa fecha se encuentran en la línea fronteriza con México y a pesar que desde el inicio se implementó una mesa de diálogo para reubicar a la comunidad, la situación empeora cada vez más, al punto que ocho personas han fallecido dentro del campamento.
El Gobierno se comprometió a garantizar acceso a salud, educación y alimentación, sin embargo, han sido organizaciones mexicanas las que han auxiliado a la comunidad.
En Laguna Larga se había logrado la autorización para la implementación de una escuela que ellos mismos construyeron. Ahora el centro educativo está en manos del Ejército, mientras los niños y niñas reciben clases en galeras improvisadas.
Antes del desalojo la población gestionaba su propia alimentación, cultivando maíz, frijol y pepitoria, ahora dependen del alimento que les llega cada tres meses.
La comunidad espera que pronto se autorice el retorno por razones humanitarias al lugar de donde fueron desalojados, sin embargo, las autoridades insisten en trasladarlos a tierras donde no existen condiciones para una vida digna.
En 2017 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares a favor de la comunidad, las cuales no han sido cumplidas por el estado de Guatemala.