#Quiché | Juan Pablo Montenegro Rojas – Noticiero Maya K’at.
En el departamento de Quiché, la empresa Emanuel construyó un proyecto de agua potable para beneficiar a las personas que habitan en las aldeas de Santiago y San Juan del municipio de Ixcán. La obra fue adjudicada por la corporación edil del municipio de Ixcán, encabezada por el alcalde José Antonio Elías Calel.
José Raymundo Matom, Alcalde Comunitario de la aldea Santiago Ixcán, quien también tiene el cargo de coordinador de segundo nivel del Consejo Comunitario de Desarrollo (COCODE), explica que el proyecto tiene una extensión de siete kilómetros de longitud. Para realizar la obra, la constructora acudió a la Asamblea Comunitaria, en busca de mano de obra de los habitantes, mismo que encontró y se procedió a acordar un incentivo económico para cada persona que aportara su trabajo en la realización del proyecto.
Un total de 60 mil quetzales ofreció la empresa para cubrir el trabajo de 485 personas (Q123.71 para cada persona), arreglo que quedó registrado en un acta firmada por las autoridades comunitarias.
En el trayecto referido, las personas cargaron materiales desde la ruta principal hacia el sitio donde se ejecutó la construcción del proyecto de agua. La constructora al terminar la obra, expresó a Raymundo Matom que “el presupuesto se había incrementado por la compra de materiales” por lo que no podrían pagar los 60 mil quetzales del acuerdo. Esto generó descontento en la Asamblea Comunitaria, situación que les motivó a pedirle a Hugo Quezada, representante de la constructora Emanuel, que cumpliera con el pago.
Para asegurar que la empresa cumpla, los comunitarios le pidieron una garantía, por lo que el representante de la empresa decidió dejar el vehículo en el que llegó en el interior del salón comunitario, como muestra de confianza que en un plazo de un mes volvería para pagar la suma acordada. Esto sucedió el 15 de octubre de 2022.
La deuda de la constructora se duplica porque también está involucrado un grupo de la aldea San Juan Ixcán, por lo que la empresa debe pagar otros 60 mil quetzales a las personas que brindaron su mano de obra.