La criminalización e intimidación es una acción constante contra las y los defensores de derechos humanos. Dos defensoras de la salud han sido denunciadas ante el Ministerio Publico por autoridades públicas y personal de Centros de Salud, ambas denuncias han sido desestimadas ante la falta de fundamentos.
Paulina Culum originaria de San Pablo la Laguna, defensora del Consejo de comunidades de Guatemala por la Salud y lideresa maya Tzutujil, fue denunciada por el director del distrito de esa localidad, dado que su trabajo se basa en la fiscalización comunitaria y divulgación de problemáticas identificadas en los Centros de salud. El otro caso corresponde a Vilma Sales, defensora del municipio de San Sebastián, Huehuetenango denunciada por el personal del Hospital Nacional de Huehuetenango.
El Abogado Francisco Vivar del Bufete jurídico de Derechos Humanos, señalo que la denuncia en contra de Culum, “no tenía sustento”, además expresó, que durante la investigación se evidenciaron elementos de racismo, misoginia y abuso de autoridad.
Este es el primer caso en Guatemala de criminalización en contra de una defensora de la salud promovida por un funcionario público. La red de Defensoras y defensores comunitarios por el derecho a la Salud (REDCSALUD) realizan un trabajo voluntario, vigilando los servicios de salud, reciben las denuncias de los usuarios y les dan seguimiento junto a otras organizaciones.