Es pura criminalización contra nosotros… Por el simple hecho de exigir el derecho humano al agua

Edición: Luis Ochoa. Producción: Awal Casa de Producción.

Entrevista: Marleni López.

Virgilio García, Flavio Vicente, Anabella España y Abelino Mejía, son cuatros lideres activos y comprometidos con el desarrollo de su comunidad. Desde hace cuatro años están siendo criminalizados por exigir su derecho humano al agua, ante los constantes desvíos de ríos que producen los ingenios de la Costa Sur. En esta entrevista Abelino Mejía explica la razón por la cual los persiguen y criminalizan, y la esperanza que tienen que recibir justicia.

¿Cuándo es su audiencia y de qué se les acusa?

El 22 de octubre tenemos la audiencia en el juzgado Plurinacional de delitos contra el ambiente en Retalhuleu, en donde nos pretenden ligar a proceso por lo ordenado en la sala Mixta de Apelaciones de Retalhuleu.  Nos están acusando de tres delitos: retención ilegal, amenaza y coacción

¿Qué sucedió para que tengan estos señalamientos en su contra?

La denuncia que tenemos vienen desde el 2017. En la comunidad de Nueva Candelaria, Retalhuleu, los personeros del Ingenio el Pilar se habían comprometido con los comunitarios para poder solucionar la situación del agua, ya que ahí se seca el río “Canillas” y lo hace el ingenio.

Se habían acordado con ellos una reunión. El ingenio se presentó con sus trabajadores sociales. Lamentablemente, se pasó de reunión en reunión y no se había llegado a un consenso de cómo poder liberar el río. 

Entonces los pobladores realizaron una manifestación donde no dejaban pasar ningún vehículo de la caña, estando en ese momento pasando los camiones del Ingenio Tululá y el Ingenio Magdalena. 

En ese momento nos llaman a nosotros. La comunidad es parte del Consejo de Comunidades de la Costa Sur y ellos nos llamaron para intervenir, dialogar y darle solución a la problemática. Lo que buscábamos es que el señor gobernador y algunas instituciones del Estado pudieran llegar a dialogar. 

Nos hicimos presente tipo 6 de la tarde, llegamos junto con la compañera presidenta de Consejo de Comunidades, Anabella España; el compañero Flavio Vicente y su servidor, Abelino Mejía. 

Al llegar pudimos constatar la presencia de algunos trabajadores del Ingenio Magdalena e Ingenio Tululá. Se tuvo ahí un diálogo con el gobernador vía telefónica, siempre buscando solucionar el problema pacíficamente. 

A las 8 de la noche se logró llegar a un acuerdo y a las 8:30 de la noche se hace presente la trabajadora del Ingenio el Pilar, Karina Imeri. Ya estábamos solucionando el problema, pero con la llegada de ella surge de nuevo. 

Ella nos denuncia de que nosotros la tuvimos encerrada en un cuarto, cosa que es falsa, porque en ningún momento nosotros tuvimos un acercamiento con ella, en ningún momento tuvimos un cruce de palabra con ella.

¿Estuvieron en la cárcel?

No. Pero durante todo este tiempo se han venido cancelando las audiencias. 

Después de un tiempo se llevó a cabo la primera audiencia donde la jueza nos declaró falta de mérito, porque según las declaraciones de los abogados que ella tiene, que son parte del ingenio, la denuncia que ella (Karina Imeri) presentaba, decía que nosotros la teníamos encerrada y amarrada. Cuando fue la declaración, ella cambio y según la jueza no hay ningún delito que a nosotros nos culpara; entonces, declaró falta de mérito y en ese momento quedamos sin ningún proceso.

¿Para qué es la audiencia del 22 de octubre?

Los abogados de ellos apelaron a la Sala Mixta de Apelaciones en Retalhuleu, donde en vez de repetir el proceso, ordena a la jueza ligarnos a proceso; entonces, vemos que ahí hay una violación a nuestro proceso, porque no se está repitiendo el proceso, sino que están dando como hecho el ya ligarnos a proceso judicial.

En todo este proceso se ha presentado un amparo a la Corte Suprema de Justicia, que ya tiene casi dos años, y no le han dado solución, no hemos tenido respuesta.

¿Qué expectativas tienen los abogados?

Ellos nos han dicho y han sido claros con nosotros, de que, si no nos ligan a proceso, tenemos tres opciones: Que nos den cárcel preventiva; coacción económica o cárcel domiciliaria. Mandarnos a la cárcel directamente no pueden.

¿Qué otras cosas no se han tramitado correctamente en este proceso?

En este proceso hay un compañero, que se llama Virgilio García, que él ni siquiera estuvo en el evento y también está siendo criminalizado. 

En este caso está claro y hay que entender, que es pura criminalización contra nosotros. Una criminalización que nos está haciendo el Ingenio El Pilar, por el simple hecho de exigir el derecho humano al agua.

¿Tienen una vida cotidiana igual que antes?

Nosotros hemos sido víctimas de diversas intimidaciones. Yo tengo tres denuncias en el Ministerio Público por personas que han intentado entrar con armas a mi casa, por eso la policía ha tenido que brindarme seguridad. Hemos sido bastante perseguidos, ya no vivimos igual que antes.

¿Qué esperan como resultado de la audiencia de este 22 de octubre?

Lo que exigimos es que el juez actúe apegado a Derecho, que realmente se haga valer la justicia y dejen de criminalizarnos por defender la vida.

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Los dueños del ingenio el Pilar son la familia Weissenberg Campollo. El Ingenio fue fundado en 1975.  Dicha empresa ha sido señalada de trata de personas en su modalidad de trabajo infantil, así como de precarias condiciones laborales para los trabajadores y trabajadoras de la zafra.

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