Guatemala perdió más de 550 millones de dólares en 2015 por actos de corrupción, demostrando como la débil institucionalidad y un sistema de justicia limitado le abren la puerta a estos actos que dejan graves consecuencias en el país.

La situación se replica en El Salvador y Honduras, según un estudio realizado por el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales, ICEFI, donde algunas instituciones públicas permanecen ausentes, lo que permite que estructuras corruptas las coopten, expresó Erick Maldonado, economista de la organización.

Los tres países comparten, además, un bajo acceso a la información. Permanece una cultura de secretismo en la administración pública a pesar de que se cuenta con legislación que obliga a los gobiernos a informar sobre sus acciones.

ICEFI propone que uno de los caminos para erradicar la corrupción y la impunidad sea fortalecer el sistema de justicia, aspecto que Iván Velásquez, jefe de la Comisión Internacional contra la impunidad en Guatemala, CICIG, apoya.

El estudio finaliza destacando que en Guatemala, Honduras y el Salvador se registra escasa participación  ciudadana en procesos de fiscalización, participación sin la que no se logran cambios estructurales.

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