By Noticias #Editorial | 18/06/2025
Durante el 2023, la consigna “la defensa de la democracia” resonó con fuerza en Guatemala. Fue abrazada por medios de comunicación, organizaciones de sociedad civil e incluso por sectores que históricamente han permanecido al margen de las luchas populares. Sin embargo, es necesario preguntarnos: ¿esa democracia que tanto se defiende, responde realmente a las necesidades históricas de los pueblos originarios?
Desde hace siglos, los pueblos indígenas han sostenido luchas estructurales como el acceso a la tierra, la autodeterminación, la recuperación del territorio ancestral y el respeto a sus formas propias de organización. Ninguna de estas demandas ha sido realmente atendida por los sistemas políticos que se autodenominan democráticos en Guatemala. Más bien, lo que los pueblos han recibido a cambio de su participación cívica ha sido criminalización, despojo, represión y racismo institucionalizado.
En las elecciones recientes, la participación indígena fue clave para manifestar un rechazo al pacto de corrupción y al autoritarismo. En palabras de una autoridad ancestral de Santa Lucía Utatlán: “por el respeto a nuestro voto”, muchas comunidades se movilizaron, no porque creyeran ciegamente en el sistema democrático, sino porque vieron ese momento una posibilidad de frenar el retroceso autoritario. Aun así, el 17 de junio, el Ministerio Público insistió en criminalizar esas expresiones populares, demostrando que el sistema sigue persiguiendo a quienes defienden la vida y la dignidad desde los territorios.
Un ejemplo claro es la reciente detención de Luis Pacheco, exalcalde indígena de Totonicapán, quien fue encarcelado tras participar activamente en las movilizaciones pacíficas que exigían respeto a los resultados electorales. Su captura no es un hecho aislado: representa la continuidad de un patrón de criminalización que busca castigar la organización comunitaria y acallar la voz de quienes defienden lo colectivo. ¿Qué clase de democracia encarcela a quienes exigen transparencia, justicia y respeto?
Lo que se nombra democracia en Guatemala está lejos de ser un sistema justo e incluyente para los pueblos. Es una estructura que reproduce la exclusión y niega las formas propias de gobernanza indígena. La democracia occidental, limitada al voto y a instituciones corruptas, no es ni será suficiente para responder a los problemas estructurales que enfrentan las comunidades: tierra, justicia, identidad, autonomía.
A pesar de ello, los pueblos originarios siguen poniendo el cuerpo, el tiempo y la vida en una lucha que no es solamente electoral. Luchan por una transformación profunda, por la vida digna, por territorios libres de extractivismo y racismo. Y en esa lucha, el discurso democrático debe ser repensado y desmontado si no está dispuesto a caminar junto a los pueblos.
La pregunta sigue abierta: ¿de qué sirve defender una democracia que sigue excluyendo y criminalizando a quienes sostienen con su lucha el tejido vivo de este país?
