#Opinión | Ramón Cadena.
“Si alguien puede coordinar apoyo, compañeros. Mándennos refuerzos, estamos retenidos. Compañeros, nos están atacando, manden apoyo, manden apoyo. Si es que hay jefes aquí, manden apoyo, por favor”, exclamaba un agente de la PNC durante un operativo militar en Nahualá y Santa Catarina Ixtahuacán el 7 de enero de 2022, según reporta un medio de comunicación virtual. El pedido fue más bien un clamor de rescate y ayuda. Otro audio mostró cómo un agente de la PNC imploró para que enviaran a las Fuerzas Especiales (FEP) o al Grupo de Acción Rápida (GAR); con voz entrecortada, reiteró dramáticamente que no los dejaban salir y que había muchos agentes atrapados en el lugar. Impresionantes palabras en medio de la violencia y el caos.
Las y los ciudadanos nos preguntamos qué hay detrás de este nuevo estado de sitio establecido en Nahualá y Santa Catarina Ixtahuacán. Un problema limítrofe no puede ser el causante de tanta violencia y destrucción. Debe haber otros intereses de gente muy poderosa en la región. Tres estados de sitio han afectado a ambas comunidades en el período de casi dos años: el primero impuesto por el ex Presidente Jimmy Morales el 30 de septiembre de 2019 (Decreto Gubernativo 3-2019). Y dos establecidos por Giammattei: el 29 de mayo de 2020 (Decreto Gubernativo 10-2020) y el 20 de diciembre de 2021 (Decreto Gubernativo 11-2021).
Hay varias premisas que se deben tomar en cuenta: a) el Estado de Sitio no resuelve la violencia del lugar; b) no es correcto hacer una acusación general a comunidades enteras, de tener vínculos con el narcotráfico; c) si hay narcotraficantes en el lugar, hay que combatirlos con otros métodos que no sea el estado de sitio; d) el fracaso de la Comisión Gubernamental de Diálogo es evidente; e) incluso en los estados de excepción, hay que luchar contra la corrupción e impunidad; f) el subsuelo de la región de Nahualá y Santa Catarina Ixtahuacán es rico en recursos naturales, hay agua abundante y la tierra es fértil; y g) en dicha región, hay un camino seguro para el tráfico de droga. A estas, hay que agregar una fundamental: que los Pueblos Indígenas tienen conocimientos suficientes, muchos mecanismos pacíficos de resolución de conflictos; bastante gente experimentada para mediar y sabiduría abundante, como para saber cómo resolver sus diferencias.
Nahualá y Santa Catarina Ixtahuacán han sufrido los efectos del estado de sitio desde que el ex Presidente Jimmy Morales estableció el primero el 30 de septiembre de 2019. Los tres estados de sitio (uno de Jimmy Morales y dos de Giammattei) sólo han provocado más violencia e impunidad, más persecución y criminalización, sin resolver el problema. Nunca se ha podido (ni se puede, ni se podrá) restaurar la seguridad en un territorio, por medio de un estado de sitio; aunque Giammattei ha insistido en hacerlo de esa manera. No se puede devolver la tranquilidad a los habitantes del lugar, por medio de un estado de sitio, aplicando una Ley de Orden Público que facilita la represión en contra de las personas; ley que, según los Acuerdos de Paz, debería hace rato haberse reformado para ponerla en sintonía con la teoría de los derechos humanos.
Todos los estados de excepción (casi veinte o más), impuestos por el Gobierno de Alejandro Giammattei en diferentes zonas conflictivas del país desde que inició su mandato en enero de 2020, han tenido siempre un objetivo oculto: atemorizar, militarizar, provocar violencia, imponer a la fuerza una decisión gubernamental. En el pasado, los sectores más extremistas del sector privado, han exigido a los diferentes gobiernos de turno gobernar por medio de los estados de excepción. Con Alejandro Giammattei como Presidente de la República y Gendri Reyes como Ministro del Interior, lo lograron.
Los dos funcionarios públicos son responsables de los daños y perjuicios causados por el actual estado de sitio a los agentes de la PNC y sus familias, a las comunidades de Nahualá y Santa Catarina Ixtahuacán y a la sociedad en general. Sin embargo, en este país de la impunidad total, no puede haber funcionarios responsables. La Fiscal General prefiere guardar silencio. Según la versión oficial, falleció un Inspector de la Policía Nacional Civil, nueve agentes sufrieron heridas por arma de fuego y un grupo considerable de agentes fueron heridos con otros objetos. Según dicha versión, hay un grupo ilegal armado que opera en el área entre Nahualá y Santa Catarina Ixtahuacán, del Departamento de Sololá. El gobierno de Giammattei debe explicar a qué grupo armado se refiere y no simplemente lanzar una moneda al aire y esperar que la moneda marque cara o escudo, para definir el rumbo.
Después del estado de sitio que estableció Giammattei el veintinueve de mayo de 2020, nombró al Vicepresidente, Guillermo Castillo, para presidir una mesa de diálogo. Tal parece que dicha mesa fue un rotundo fracaso, ya que fue necesario otro estado de sitio en diciembre de 2021 para nuevamente tratar de solucionar el conflicto. Recientemente, el 9 de enero de 2022, el Presidente Giammattei, en su mensaje a la población, en lugar de autoevaluar los fracasos de sus medidas y de explicarlos, arremetió en contra del Procurador de los Derechos Humanos, quien ha hecho lo necesario para proteger los derechos de los habitantes de Nahualá y de Santa Catarina Ixtahuacán. Todo este cuadro lleno de misterios, fracasos y contradicciones, demuestra que detrás de los hechos de Nahualá y Santa Catarina Ixtahuacán, hay intereses de gente muy poderosa, capaz de influir en las autoridades, para que distorcionen u oculten la verdad.
El Presidente afirmó que las acciones del 7 de enero iban dirigidas a practicar allanamientos y órdenes de captura en contra de los presuntos responsables de la masacre del 17 de diciembre pasado; con sus declaraciones, demostró que sabe más acerca de lo que sucede en Nahualá y Santa Catarina Ixtahuacán, pero que no quiere revelar la verdad. Lamentablemente, ningún funcionario de Gobierno quiere hablar con claridad. Ni el Presidente, ni el Vicepresidente, ni el Ministro de Gobernación, ni la Fiscal General. Saben quiénes son las personas que generan confrontación e inestabilidad en dicho lugar. Sin embargo, no quieren denunciarlos.
El 9 de enero, Giammattei dio otro paso en falso: ofreció maliciosamente una recompensa pecuniaria a las y los comunitarios, a cambio de información. Una nueva forma de provocar más conflicto entre las comunidades afectadas. La verdad es conocida por las autoridades de este Gobierno. No es necesario ofrecer recompensas o pedir información. Dos casos nos pueden ayudar a entender el secretismo de las autoridades: el caso del estado de sitio impuesto en Huehuetenango hace años y el que fuera impuesto recientemente por Giammattei en el Estor, Izabal. Los partidos políticos de URNG y Semilla votaron en el Congreso de la República a favor del estado de sitio. Ninguna de sus explicaciones aclaró satisfactoriamente la razón de su voto. Mientras tanto, la ruta del gobierno ha sido definida: imponer la fuerza del conquistador.