#Opinión | Jairo Mejía.
En días recientes, el Congreso realizó una serie de reformas a la Ley del Sistema de Alerta Alba-Keneth y a la Ley de Búsqueda Inmediata de Mujeres desaparecidas, conocida como Alerta Isabel-Claudina. Estas reformas permitirán que, al momento de la desaparición de un menor o una mujer, las empresas de telefonía envíen una alerta a todos los teléfonos que estén en el sector donde ocurrió la desaparición. Esto sin duda es un enorme avance en los esfuerzos para localizar a personas desaparecidas en Guatemala.
Tener un familiar desaparecido es una experiencia terrible. Enfrentarse con la angustia de no saber cuáles son las condiciones de tu hijo, esposa, hermana, o familiar, conlleva una desesperación absoluta. Es alentador ver mejoras en sistemas que requieren atención y desarrollo. Por el bien de todos aquellos quienes somos propensos a una emergencia familiar, es fundamental disponer de herramientas que aceleren la localización de nuestros seres queridos.
No obstante, la niñez y las mujeres comparten otro tema en común que, a mi consideración, también debe ser puesto sobre la mesa: la violencia física, sexual y psicológica. En un artículo, la periodista Maria José Longo nos brinda historias y datos estadísticos sobre el abuso sexual a menores, especialmente a niñas. Y aunque cualquier cifra mayor a cero es alarmante, es aún más preocupante conocer que el año pasado, el Ministerio de Salud reportó más de dos mil embarazos en niñas menores de 14 años, la mayoría de ellos causados por un familiar. ¿Qué clase de sociedad permite que más de dos mil niñas sean abusadas sexualmente cada año por sus propios familiares? ¿Hacia qué futuro nos dirigimos si continuamos permitiendo estos abusos?
Queridas y queridos lectores, en esta etapa de ánimo de buenas voluntades y claridad política que vive el Congreso, deberíamos tener una propuesta de ley que permita fortalecer las penas contra personas que abusan sexualmente de menores de edad y mujeres; fomentar los organismos que brinden apoyo a las víctimas de estos abusos; priorizar el actuar de la Policía Nacional Civil y el Ministerio Público en estos casos; fortalecer el sistema educativo en cuanto a educación sexual; generar un debate sobre la salud mental en Guatemala y reconocer que existe un problema en cuanto a los abusos y la violencia; establecer una red de apoyo psicológico que prevenga futuros daños hacia las niñas y mujeres mediante herramientas que promuevan, en los hombres, el autoconcepto y el auto-conocimiento, y generen salud mental; y cualquier otra medida que, en corto, mediano y largo plazo, evite que una niña, mujer o persona indefensa pase por una experiencia similar.