El 10 de mayo de 2013 marcó historia en Guatemala, un tribunal dictaminó que José Efraín Ríos Montt cometió genocidio cuando fungió como jefe de facto, pero tan solo 10 días después la Corte de Constitucionalidad dejo la sentencia sin efecto.
Ahora, cuatro años más tarde, los magistrados que dictaron el fallo podrían enfrentarla justicia, pues los sobrevivientes del genocidio los han denunciado de prevaricato.
Las leyes del país regulan que si un juez, a sabiendas, dicta una resolución fundada en hechos falsos, podría ir a prisión hasta por seis años.
Héctor Reyes abogado del Centro de Acción Legal en Derechos Humanos explica que hubo acciones fraudulentas, cometidas por Héctor Hugo Pérez Aguilera, Roberto Molina Barreto y Alejandro Maldonado Aguirre.
Según la ley, la Corte de Constitucionalidad no puede anular las actuaciones de un proceso penal, ya que existen otras vías para solucionar conflictos que se presenten, sin embargo todo lo actuado fue parte de una estrategia para beneficiar a Ríos Montt.
Francisco Soto, director de CALDH, expresa que todo se origina cuando al inicio del juicio Francisco Guadiel, abogado de Ríos Montt, expresa que tiene enemistad con el tribunal que conoce el caso, el juzgado no admite su protesta y ante la actitud del abogado le expulsan de la corte.
Gudiel continúo conociendo el caso y tuvo diversas oportunidades para pronunciarse al respecto. Sin embargo estos hechos no son tomados en cuenta por la CC, al momento de dictaminar.
Reyes denuncia además que la defensa de Ríos Montt tenía 10 días para apelar la sentencia ante el tribunal y no lo hizo, en su lugar acudió a la Corte de Constitucionalidad, demostrando que existió una estrategia para beneficiar a Ríos Montt.
4 años después, para las victimas la sentencia sigue vigente y continúan exigiendo justicia.
Por Carolina Rivas