Este 14 de diciembre se presentó datos sobre el incremento de agresiones a personas, organizaciones y comunidades que defiende los DD.HH, La Unidad de Protección a Defensores y Defensoras de Derechos Humanos -UDEFEGUA.

Durante el año 2020 en medio de la pandemia se registro 1055 agresiones contra DD.HH, este año 2021 de enero a Noviembre se registra 839 agresiones contra personas defensoras DD.HH

Además se encuentran casos denuncias sobre asesinato, criminalización, hostigamiento entre ellos se encuentra  308 mujeres, 411 hombres 120 organizaciones o comunidades.

Udefegua señala que actualmente «los tres poderes del Estado Guatemalteco se ha alineado para un solo fin, la procuración de impunidad a favor de las elites poderosas».

El principal denominador común del Gobierno de Alejandro Giammattei ha sido ampliar los privilegios de los intereses de capitales nacionales e internacionales y profundizar la corrupción, emplear la represión contra quienes se oponen a la imposición del régimen y garantizar la impunidad a favor de quienes encabezan la consolidación del régimen del estado autoritario. enfatizaron

Por lo que se destaco que es un retroceso democrático y contradictorio  a los derechos humanos, tiene como telón de fondo al menos tres elementos que le son propios.

  1. La captura institucional de los tres poderes del Estado
  2. El desmantelamiento de las instituciones de paz y los derechos humanos
  3. La violencia contra todo aquello que sea considerado oposición política.

La Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos de Guatemala UDEFEGUA, actualmente registro un total de 1,055 agresiones, siendo así el año mas violento contra la comunidad de defensoras y defensoras de Derechos Humanos  en lo que va del año mas violento contra la comunidad de defensoras 839 han resultado ser agresiones contra personas, organizaciones comunidades de defensa.

Durante la pandemia de covid19, una forma autoritaria de ejercer el poder de materializado en Estados de Excepción, captura y secuestro de la institucionalidad publica, han sido el marco perfecto para cometer estas 839 agresiones contra defensoras y defensores de derechos humanos.