Resistencia Xinca lleva alrededor de tres meses a las afueras de la Corte de Constitucionalidad esperando que esta resuelva en definitiva si Mina San Rafael debe cerrar sus operaciones por no consultar a la población.
Las comunidades Xincas exigen una pronta respuesta y expresan que la empresa debería retirarse y no solo ser suspendida.
La Corte Suprema de Justicia (CSJ), resolvió en julio de 2017 que la licencia a la mina debía ser suspendida, debido a que cuando el Ministerio de Energía y Minas (MEM) autorizó las operaciones negó la existencia de las comunidades Xincas.
Los trabajos de la mina, aprobados en 2013, han dejado contaminación, persecución y criminalización, denuncian las comunidades Xincas.
Tras 195 días de suspensión, Mina San Rafael decidió despedir a 250 de sus trabajadores, acción que el Centro de Acción Legal, Social y Ambiental, CALAS, califico como un “chantaje” a las autoridades de justicia, debido a que durante los 4 años de trabajo la mina generó más de 2 mil millones de dólares de ganancia.