Durante el gobierno de Otto Pérez Molina se aprobó el canal interoceánico, el primer proyecto terrestre que conectaría ambos océanos en la región centroamericana y que podría convertir al país en un importante centro de comercial, un megaproyecto en el que, una vez más, las autoridades obviaron informar y consultar a la población.
La obra plantea la construcción de una franja de 372 Kilómetros de largo y 140 metros de ancho que cruzará 22 municipios del territorio guatemalteco para conectar el Océano Pacífico con el Atlántico.
Desde Izabal hasta Jutiapa se plantea la construcción de una autopista, dos vías de ferrocarril y cuatro ductos para transporte de petróleo, gasolina y gas natural.
Para hacerlo real necesitan tierra, mucha de ella resguardada por autoridades ancestrales de distintos pueblos indígenas. Para conseguirla, los promotores del proyecto iniciaron su entrada a las comunidades con una estrategia de difamación y división social, según denuncia el parlamento Xinca.
En su intento de comprar terrenos “Están difamando el nombre de autoridades indígenas, presentan videos e imágenes de las autoridades diciendo que ya consensuaron para que ingresen y eso es falso” denunció Dámaso Aldana.
Otra de las estrategias utilizadas es acercarse a las municipalidades sin informar ni consultar a la población. Tadeo Pineda, explica que en Jutiapa el 90% de las tierras son comunales, por ende si desean comprar deberían consultarse a ellos.
“Nunca nos han consultado. Han llegado a hacer cosas indebidas, fuera de la ley. Si uno es propietario de un terreno tiene que ir al propietario, no con un representante” manifestó.
Por su parte las municipalidades niegan haber permitido el megaproyecto, sin embargo en el portar electrónico del proyecto se informa sobre el convenio con 11 mancomunidades que representan a más de 63 municipalidades locales.