By Marco A. Hernández A. #Guatemala, 03/11/2025.
El Instituto de la Defensa Pública Penal (IDPP) a través de un comunicado oficial colgado en sus redes sociales, confirmó el fallecimiento de Blanca Aída Stalling Dávila, mujer señalada de corrupción, y de accionar en contra de operadores de justicia que persiguieron la corrupción y la impunidad en tiempos de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).
Blanca Stalling fungió en varios cargos públicos en el país en su devenir profesional. Fue magistrada de la Corte Suprema de Justicia para el período 2014-2019. Separada del cargo en 2017 por la denuncia en su contra, pero fue reinstalada en 2022 como vocal VII de la Cámara Civil.
El señalamiento de corrupción
En el 2017 Stalling fue investigada por la extinta CICIG, por el Ministerio Público (MP) de Thelma Aldana y por la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) de Juan Francisco Sandoval, y se le acusó del delito de “tráfico de influencias” por sobornar al juez vocal del Tribunal Noveno de Sentencia Penal, Carlos Giovanni Ruano, para beneficiar a su hijo, quien estaba en prisión preventiva, acusado en el caso IGSS-Pisa.
El 09 de febrero del 2017 el MP dio a conocer públicamente que, cinco meses antes, el 01 de septiembre de 2016, Stalling solicitó al Juez Carlos Giovanny Ruano, una medida sustitutiva para beneficiar a su hijo Otto Fernando Molina Stalling.
El hijo guardaba prisión preventiva por su vinculación en el evento de adjudicación ilegal a la Droguería Pisa, un contrato de Q.116 millones en el que, Molina Stalling fue señalado de recibir comisiones ilegales en un esquema de corrupción en el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS).
Las gafas y la peluca
Al enterarse de su orden de aprehensión, Stalling el 08 de febrero del 2017, intentó darse a la fuga utilizando una peluca, lentes oscuros, y también se informó que portaba un arma de fuego. Por esas fechas, fue apresada y puesta en prisión preventiva.
Los beneficios a Stalling
Sin embargo, en agosto del 2018, la juez suplente del Juzgado Décimo, Abelina Cruz Toscano, le otorgó medidas sustitutivas, y la envió a casa.
A mediados del 2022, finalmente el juez del Juzgado Décimo Penal, Víctor Cruz Rivera cerró el caso, lo que evitó que Stalling enfrentara juicio. El juez Cruz, también había sido señalado por la CICIG de «previcariato».
La «vuelta de la tortilla»: de acusada, a acusadora
La CICIG fue finalmente desmantelada en el 2019 cuando el gobierno de Jimmy Morales decidió no renovar el acuerdo con las Naciones Unidas, lo que resultó en la expulsión y persecución de los fiscales y jueces (operadores de justicia) anticorrupción.
Dos de los casos vinculados a Stalling, son la persecución contra el propio juez Carlos Ruano por haberla denunciado, lo que provocó su exilio del país.
Y también su persecución contra la ex mandataria de la extinta CICIG, abogada Claudia González, acusada por Stalling de “abuso de autoridad” a raíz de ordenar procedimientos de antejuicio en su contra. Actualmente González diligencia su juicio en la ciudad de Guatemala, en calidad de prisión domiciliar, pero denuncia procesos penales malintencionados en su contra, así como el atraso intencional de sus procesos.
Stalling fue incluida en el 2021 en la «Lista Engel» de Estados Unidos, que incluye a personas «involucradas en casos de corrupción significativa y que han socavado las instituciones democráticas», lo que les implica la prohibición de entrar al país norteamericano (revocación de su VISA).
“La criminalización por parte del MP (de Consuelo Porras) en todo este caso es evidente. Ya hay una persona detenida, como la abogada Claudia González. El sistema de justicia está siendo utilizado con fines de venganza por parte de Blanca Stalling», declaró Carlos Ruano en septiembre del 2023.
Los motivos de la muerte de Stalling, aún no se confirman de manera oficial.
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