#Petén |
En los años ochenta comunidades indígenas se asentaron en Laguna Larga, departamento de Petén, sin apoyo del Estado. Construyeron su propia infraestructura, desde pozos familiares hasta una escuela. Era una comunidad sostenible y prospera que comerciaba con comunidades mexicanas cercanas, pero todo terminó el 02 de junio de 2017.
El Ministerio Público ordenó su desalojo, productos de una denuncia del Consejo Nacional de Áreas Protegidas-CONAP, que les consideraba como un asentamiento ilegal; los comunitarios fueron acusados de invasores, traficantes y delincuentes. Desde esa fecha la comunidad vive en la zona fronteriza con México en condiciones infrahumanas. Producto de esta crisis humanitaria han muerto ocho personas.
Este es solo un caso de criminalización que se replica en diversos puntos del país, una muestra de cómo el Estado ha hecho uso indebido del derecho penal en contra de quienes defienden la tierra y el territorio, expresa el abogado Edgar Pérez del Bufete de Derechos Humanos. “El derecho penal es la última instancia que se debe utilizar para resolver los conflictos, sin embargo, acá parece que es un arma represiva para aquellos que tienen alguna aposición a las políticas públicas del Estado” expresó.
Hay una regresión en derechos y una vuelta a la represión, agregó Jorge Santos de la Unidad de Protección para Defensores y Defensoras de Derechos Humanos-Guatemala, UDEFEGUA. Incluso se ha caracterizado a quienes defienden el territorio como terroristas o guerrilleros, se les ve bajo el concepto de “enemigo interno” utilizado durante el Conflicto Armado Interno. Esto ha probado que en un inicio se presentara ataques o intimidaciones contra líderes comunitarios y en la actualidad se presenten acciones contra comunidades completas, como desalojos y órdenes de capturas masivas.
“Ha sido el mismo presidente Jimmy Morales quien ha impulsado este discurso de odio” denunció Santos, producto de esa estrategia en 2018 aumentaron los asesinatos y casos de judicialización. Bajo este contexto se ha lanzado el proyecto “Defensa y Protección de Defensores y Defensoras del Territorio y los Bienes Naturales Criminalizados en Guatemala” que dará acompañamiento a las denuncias presentadas desde las comunidades.