Este 31 de mayo vence el plazo para que el Ministerio de Gobernación amplíe el usufructo del lugar donde, desde hace 14 años, funciona el Archivo Histórico de la Policía Nacional, AHPN. El representante de esta cartera, Enrique Degenhart, expresó recientemente que cambiará la forma en la que funciona y tomará control del mismo, lo que ha encendido alertas entre defensores de derechos humanos.
El archivo atestigua una larga historia de represión
Cerca de 25 millones de documentos revelan el papel de la PN durante el Conflicto Armado Interno, los cuales son consultados por familiares de desaparecidos, quienes esperan encontrar información sobre el paradero de los suyos.
“Se actuó contra todo tipo de rebeldía. Están documentadas muchas de las arbitrariedad, desapariciones a estudiantes y catedráticos de la USAC, intelectuales, sacerdotes, mojas, artistas y gente inocente acusada de comunista. La policía reprimía, desaparecía y torturaba a esa gente” detalla el activista Julio Solorzano Foppa, hijo de Aleide Foppa, periodista desaparecida durante la represión.
El edificio donde se encuentra el archivo, tenía una cárcel clandestina conocida como “la isla” donde, según investigaciones, se torturaba, desaparecía, violaba mujeres y niños.
“El ministro es un aprendiz de Mussolini, tiene alma de represor, si hubiera estado en tiempos de la guerra hubiera sido uno más de los que cometió atrocidades. Esta es una atrocidad” expresó Foppa, al rechazar las intenciones del ministro de vedar el acceso a los archivos.
Los documentos del AHPN han servido para corroborar el testimonio de sobrevivientes del CAI ante tribunales nacionales e internacionales, porque dan fe de la represión estatal vivida en aquellos años.
Paulo Estrada de la organización H.I.J.O.S, llamó la atención sobre la política de impunidad y olvido impulsada por las actuales autoridades en “reacción a la importancia de los archivos en juicios como Molina Theissen, donde se logró condenar a parte de la cúpula militar por violaciones de derechos humanos.
Parte de los documentos se han digitalizado y las copias no se pueden destruir, pero en caso el AHPN pase a manos del Ministerio de Gobernación, se corre el riesgo de que ya no puedan ser utilizados como prueba documental en juicios de justicia transicional, pues para ello las autoridades necesitan cotejar las copias con los documentos originales. El principal usuario del archivo es el Ministerio Publico.
Activistas rebaten argumentos de Degenhat.
“Es un archivo importante para Guatemala, hay información sensible y que está protegida por la Ley de Acceso a la Información Pública”
- La única manera de invocar la ley de acceso a la información pública es para abrir espacios, no es una ley de censura. Generosamente diría que el ministro está mal informado, pero en realidad es un ignorante de espacios y situaciones que debería conocer mejor.
Julio Solorsano Foppa.
“Impensable que la PNC no tenga ninguna participación de sus propios archivos”
- La Policía Nacional, ya no existe. Ahora tienen una nueva intuición, la Policía Nacional Civil. Técnicamente el Ministerio de gobernación no tiene nada que ver. No puede argumentar que le toca, porque tiene a cargo las instituciones de la policía.
Julio Solorsano Foppa.
Los archivos contienen información de “Seguridad Nacional”
- ¿Por qué aplicar documentos que supuestamente son de seguridad nacional cuando ya no tenés un enemigo? Aquí ya se firmó la paz, son documentos históricos. Está registrado todo lo que ellos hicieron, no tiene nada que ver con la seguridad nacional. Están usando planes contra urgentes. ¿contra quién?
Paulo Estrada.
Derecho a la memoria
Activistas destacaron su derecho a tener memoria y basar esta en el conocimiento de la verdad. “No podemos recuperar las vidas perdidas, pero no nos pueden evitar el conocimiento de lo que sucedió”, expresó Foppa.
“Somos el único país que trata de desaparecer archivos. Es la única manera de contar su propia historia” agregó Estrada.
Ambos destacaron que los archivos le pertenecen al pueblo de Guatemala, para que la verdad se conozca y no se repitan las graves violaciones cometidas durante el CAI, además de encontrar justicia para familiares y sobrevivientes.
Historia
En 1997, tras la firma de los Acuerdos de Paz y la abolición de la Policía Nacional, se solicitó la entrega de los archivos de la institución, sin embargo se negó la existencia de los mismos. Fue hasta 2005, cuando un trabajador de la Procuraduría de Derechos Humanos luego de una inspección los encontró por casualidad.
El archivo guarda documentos administrativos desde 1882 a 1997. Más de 70 millones de archivos, de los cuales se han digitalizado 25 millones, correspondientes a 1975 a 1985, los años más cruentos del Conflicto Armado Interno.
En 2009 el archivo pasó a manos del Archivo general de Centroamérica y fue la reconocida archivista Trudy Peterson, la encargada de crear la metodología de documentación y la formación de varias generaciones de archivistas, que hasta la fecha le administran.