En septiembre de 2018 la Corte de Constitucionalidad ordenó la suspensión de Mina San Rafael, tras confirmar que no se consultó a la población sobre la implementación de la misma. La sentencia mandó al Ministerio de Energía y Minas y al Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, a realizarla.
Sin embargo a más de un año de la sentencia, la consulta aún no se efectúa y pobladores denuncian que es responsabilidad de ambos ministerios y la empresa, quienes “han viciado el proceso”.
Emmy Gómez, integrante del Parlamento Xinca, dio a conocer que no se les tomó en cuenta en las fases previas a la consulta y fueron excluidos del proceso de revisión del área de influencia y del plan de gestión ambiental.
La empresa y ambos ministerios han sostenido reuniones, la última de ellas el 29 de agosto, la cual fue suspendida ante el reclamo de participación del parlamento. Ese día “el Ministerio de Energía y Minas se reunió por más de una hora con los representantes de Mina San Rafael”, manifestó Luis García.
“Denunciamos injerencia de la mina porque ha hecho distintas provocaciones diciendo públicamente que van a reabrir re operaciones porque el trámite de la consulta es meramente administrativo”, agregó García.
Esas acciones se suman a la negativa del MEM de aceptar a los 59 representantes del Pueblo Xinca electos por asamblea comunitaria para los procesos de consulta.
El Parlamento, le pide a la Corte Suprema de Justicia decidir responsabilidades penales, civiles y administrativas en contra del Ministro de energía y minas y el Ministro de Ambiente, pues ambos han incurrido en acciones que violentan el proceso de consulta y los derechos del pueblo Xinca.