#Guatemala | María Guarchaj – Noticiero FGER Maya K’at
Para los pueblos originarios de Guatemala el ejército representa una historia de dolor por las violaciones de derechos que se registraron durante el Conflicto Armado Interno. Las comunidades que defendieron sus territorios tuvieron que ver cómo los soldados asesinaban a sus seres queridos, destruían sus viviendas y cosechas y su herencia cultural.
Según la Comisión del Esclarecimiento Histórico (CEH) más de doscientas mil personas fueron asesinadas o desaparecidas entre 1960 y 1996, período que duró la guerra en Guatemala. El ejército persiguió a líderes, estudiantes, religiosos y otros que pensaban diferente al gobierno.
En el programa Mucho De Que Hablar del 30 de junio: Marta Godínez de la Alianza Política del Sector de Mujeres y Santiago Tzapinel, autoridad indígena de Santa Lucia Utatlán, conversaron de los daños que causa la militarización en las comunidades, durante la guerra y en la actualidad.
«Los diferentes actores políticos del estado han utilizado las fuerzas armadas para reprimir a los pueblos para el despojos de sus tierras, el papel del ejército deja mucho que desear” indicó Godínez.
Acerca del estado de sitio que se vive en los tres municipios de Sololá: Santa Lucia Utatlán, Nahualá y Santa Catarina Ixtahuacán, Tzapinel hace mención sobre los efectos que genera la presencia del ejército en las comunidades.
«Nos volvió a recordar ese tiempo oscuro, e imposiciones de miedo, había mucha persecución, recuerda que obligaban a su papá y su mamá para hacer turno y preparar la comida al ejército” recuerda que los amenazaban con acciones como escarbar un agujero en el campo y decirle “si traicionan al país, ahí les iban enterrar».
La militarización de las comunidades significa el retorno al pasado. Actualmente el gobierno moviliza soldados a las comunidades para brindar una aparente seguridad, sin embargo, su presencia les genera miedo y malos recuerdos por las masacres cometidas en el pasado.
Tzapinel indica que como autoridades indígenas exigen respuestas al gobierno porque pese a la imposición del estado de sitio, se han registrado muertes violentas de habitantes de los municipios antes mencionados.
En 2012 el ejército disparó contra la población que exigía la nacionalización de la energía, los disparos acertaron en varias personas que manifestaban en el kilómetro 169 de la Carretera Interamericana. El ministro de gobernación era el ex militar Mauricio López Bonilla. El Presidente era el ex militar Otto Pérez Molina. Ambos guarda prisión por actos de corrupción durante el gobierno del Partido Patriota, del cual los dos eran integrantes.