El abogado quetzalteco Augusto Jordán Rodas Andrade fue electo el pasado miércoles 19 de julio como séptimo Procurador de los Derechos Humanos en Guatemala (PDH). Se sabe realmente poco del futuro ombudsman porque no proviene del ámbito del sistema de protección y a la fecha se desconoce cuál será su equipo de trabajo y su discurso aún no revela una línea clara de acción.
Además, fue electo mayoritariamente por uno de los parlamentos más cuestionados de la historia reciente, cuyos diputados hicieron mucho énfasis en que querían a un profesional anodino que se comprendiera a sí mismo como un simple sirviente del Congreso, que les garantizara que no sería aliado de la lucha contra la corrupción y la impunidad que se libra en el país.
Jordán Rodas tiene ante sí infinitos retos porque Guatemala es un Estado que de forma estructural violenta todos los Derechos Humanos de sus ciudadanos y que, aún más, es incapaz de proteger los más elementales atributos de la persona humana, tales como la vida y la seguridad, entendida en toda la extensión de la palabra. Por si fuera poco, tendrá que realizar su tarea a pesar de una sociedad ignorante de la importancia de la defensa de los derechos, racista, homofóbica, clasista y apologista de la violencia como método de solución de los grandes problemas sociales que la aquejan.
El origen de la figura del PDH en Guatemala
La institución del PDH es una de las innovaciones de la Constitución Política de 1985 y fue la primera institución en su género en América Latina. La necesidad de un protector de los derechos humanos surge en el contexto de un largo periodo de represión militar que llegó al punto de configurar un Estado que consideró como enemigos a sus propios habitantes, lo cual lo llevó a cometer una de las atrocidades más grandes que ha conocido la humanidad: el genocidio.
La idea de los Derechos Humanos es central dentro del articulado constitucional guatemalteco por lo que la presencia de una institución especializada en vigilar el cumplimiento de los mismos es indispensable. Los constituyentes estuvieron conscientes de que la declaración de derechos que conforma la parte dogmática de la Constitución era una quimera, porque sabían que mientras la redactaban, el gobierno que los convocó desaparecía forzadamente y asesinaba ciudadanos en total impunidad. Por lo tanto, pensaron acertadamente incluir a un funcionario independiente responsable de velar por la misma.
Así, la PDH inició sus labores en 1986 y después de más de 30 años de funcionamiento ha sido vista con desdén por parte de las organizaciones militares, empresarios y políticos, interesados en que su presencia sea meramente simbólica, para que en términos de efectividad sea inoperante y repudiada por la mayoría de la población. Salvo casos muy particulares, el PDH no es un personaje vital para contener la furia estatal contra los poblados en favor del empresariado y del crimen organizado y ello puede verse en cualquier tipo de indicadores sociales nacionales relativos al respeto de la persona humana y de los pueblos.
Su mandato constitucional
El PDH es una figura constitucional, concebida como un Comisionado del Congreso de la República para “Promover y defender el respeto a los Derechos Humanos mediante acciones de promoción, difusión, procuración, mediación, educación y supervisión del Estado, en seguimiento a las normas de carácter interno, y en consonancia con normas internacionales en materia de Derechos Fundamentales” (PDHGuatemala) . Como se observa, su misión es amplia, por lo que sus atribuciones son múltiples, las cuales pueden sintetizarse en tres:
- Capacidad para investigar violaciones a derechos humanos y emitir la censura moral contra los responsables, pudiendo orientarlos técnicamente para que cumplan con los estándares constitucionales e internacionales al respecto y judicializar los casos que considere de mayor trascendencia para los habitantes del país.
- Sensibilizar en la materia al público y promover una cultura de paz.
- Otras funciones particulares como ser el garante de que se cumpla la Ley de Acceso a la Información Pública, presentar anualmente un estado de situación de los Derechos Humanos en el país, etc.
Lo anterior quiere decir que está llamado a vigilar a toda la administración pública siempre que esté en riesgo cualquiera de los Derechos contenidos en la Constitución y pactos internacionales de derechos humanos ratificados por Guatemala, lo que lo obliga a ser totalmente independiente de cualquier poder público, incluso del Congreso que lo eligió. De allí que cualquier intento de limitar sus funciones o acallar su voz dentro de su ámbito de competencia no solamente es absurdo sino ilegal.
Las recientes elecciones y su papel estratégico
Presidida y conformada por una mayoría de ignorantes en la materia, la Comisión de Derechos Humanos del Congreso propulsó un proceso que duró alrededor de seis meses, dentro de los cuales campeó la improvisación y la arbitrariedad. Quienes tuvieron la oportunidad de ser observadores del proceso pudieron percatarse de que el proceso estuvo plagado de errores que en más de una ocasión pusieron en riesgo la elección.
Sin embargo, a pesar de lo anterior, debido a las fuertes presiones que había alrededor se logró obtener una terna de elegibles que si bien excluía a los elementos mejor informados sobre la situación de los derechos humanos en el país, también dejaba afuera a los personajes más nefastos, algunos directamente interesados en destruir a la institución.
Debe recordarse que la comisión legislativa responsable de liderar este proceso estuvo dirigida por la diputada tránsfuga Patricia Sandoval, actualmente al servicio del partido de gobierno, ligada a personajes oscuros del narcotráfico y de la corrupción en el oriente del país. Esta comisión es importante para el partido oficial porque varios de sus dirigentes son acusados de delitos de lesa humanidad y porque esta elección es el primer eslabón de una serie de batallas que concluirán con las próximas elecciones a Fiscal General (2018) y magistrados a Corte Suprema de Justicia (2019), con lo cual piensan retomar el control del sistema de justicia.
El PDH electo debe entender que desde ya debe liderar más que una entidad de gobierno, una agenda política y un programa nacional de acción cuya única forma de valoración será en sentido de aumentar el bienestar de las y los guatemaltecos, lo que lo sitúa como enemigo de quienes tradicionalmente se han servido del país, de sus habitantes y de sus recursos, para su enriquecimiento personal y familiar.
El contexto de la PDH
Vale la pena repetirlo, el punto nodal de la PDH es el hecho de que ningún funcionario del país ni los poderes de facto quieren que funcione porque nadie está dispuesto a ser controlado, ni judicial, ni política, ni moralmente. Debido a ello la relegan en términos de fortalecerla presupuestariamente y han impulsado fuertes campañas mediáticas que apelan a la ignorancia guatemalteca que considera que Derechos Humanos es sinónimo de defensa de la delincuencia.
Por ende, el gran reto de Rodas Andrade es demostrar desde el primer día en su cargo que no está dispuesto a dejarse manipular y hacerlo mediante acciones concretas en defensa de los derechos de las y los guatemaltecos. Cuando se dice “acciones concretas” se habla de llegar efectivamente a la ciudadanía y demostrar que la institución es su aliada y que puede contar con ella para resolver los problemas de abusos que cotidianamente sufre.
La procuraduría, como expusieron varios candidatos aspirantes al puesto de PDH, adolece de un excesivo burocratismo y de una especie de macrocefalia, que concentra a la mayoría de su personal y recursos a la ciudad Capital/Sede Central y que es eficiente en poquísimos casos.
Por ello, el procurador debe orientar su plan al crecimiento territorial y funcional de la entidad en forma horizontal para que las procuradurías departamentales cuenten con más apoyo, pues comúnmente sucede que no cuentan con la capacidad ni siquiera de movilizarse cuando tienen denuncia de alguna urgencia qué cubrir. Cabe resaltar que en muchos departamentos, los miembros de la PDH no solamente están inermes ante el crimen organizado anclado en las estructuras estatales sino que a veces simpatizan con los mismos. Este es el caso, por ejemplo, de la PDH de San Marcos, que en las mesas de diálogo con la Mina Marlin más parecen cabilderos de la misma que defensores de la población.
En segundo lugar, es urgente revisar al trabajo de las defensorías especializadas en materia de mujer, niñez, personas de la tercera edad, personas con discapacidad, personas privadas de libertad, pueblos indígenas, etc. para que estén conformadas por personas realmente comprometidas con su área específica de acción. Ello requiere obviamente dotarlas de recursos de todo tipo pero sobre todo saber que la cabeza de la institución las avalará en sus acciones de vigilancia, acompañamiento, denuncia y judicialización y que no las abandonará en caso de que resulten confrontados con las autoridades del país señaladas de violar derechos humanos.
En tanto la Procuraduría de los Derechos Humanos sea incapaz de ofrecerle a la población resultados prontos y reales ante sus demandas, no podrá mejorar su imagen. Si las personas acuden a ella y no obtienen respuesta seguirá siendo considerada, y con razón, como una institución parasitaria más dentro de un esquema estatal mafioso.
Aunque el procurador saliente tuvo bastantes aciertos en algunos temas de trascendencia nacional, uno de sus errores de origen fue que emitió en los primeros días de su mandato una instrucción destinada a intimidar a los trabajadores de la PDH que quisieran hacer bien su trabajo. Se les dijo expresamente que no estaban autorizados para involucrarse en los conflictos que estuvieran bajo su cargo observar, lo que los convirtió en simples adornos en situaciones conflictivas. No fueron pocas las veces en que hubo conflictos graves durante los últimos cinco años y la opinión de líderes y lideresas sociales fue que “los de la PDH” sólo llegaban a “hacerse los locos”, hacían un par de llamadas, tomaban un par de fotos, algunos apuntes y nada más. Después no se volvía a saber nada de ellos, ni informes ni nada, mucho menos un papel más activo como mediadores o denunciantes de anomalías.
Jordán Rodas debe comprender que la lucha por los derechos humanos es, efectivamente, una lucha ideológica y material (por los intereses económicos que afecta) y que por lo tanto una postura blandengue pensada para satisfacer a la autoridad pública lo convertirá en un personaje más de la fauna de funcionarios públicos que asumen retos que no tienen la capacidad de asumir, ni intelectual ni volitivamente.