La jueza Claudette Domínguez dictó arresto domiciliar a los 9 militados acusados por la masacre de Alaska cometida el 04 de octubre de 2012 y donde fueron asesinados 07 campesinos y más de 40 resultaron heridos.
Uno de los elementos que considero la juzgadora para revertir la prisión preventiva fue un informe presentado por la Comisión Nacional para la Prevención de Tortura, en la que destacan que los 6 años que han pasado en prisión encuadran en este delito.
José Santos, representante de las autoridades ancestrales destacó que es importante determinar si realmente se cometió este delito contra los acusados, ya que “la tortura es un tipo penal sumamente especial, no se puede calificar que lo comete el sistema de justicia, es muy complejo argumentar que se comente tortura y más cuando se habla de un delito que fue cometido por agentes del estado”.
Las autoridades también denunciaron que los acusados no cumplían con los requisitos exigidos por la ley y que incluso el mismo juzgado ha negado el beneficio de la prisión domiciliar a defensores de derechos humanos bajo el mismo argumento.
Para Rigoberto Juárez, esta es una prueba de como el sistema de justicia no aplica las leyes de forma igualitaria “cuando se trata de juzgar casos que constituyen violación de derechos humanos y lo ejecutan personas que tienen relación con el estado, se pretende que se quede en la impunidad” expresó.
El 04 de octubre de 2012, decenas de campesinos salieron a manifestar al km.169, tramo conocido como la Cumbre de Alaska, en protesta por el aumento del costo de la energía eléctrica y la suspensión de la carrera de magisterio.
En respuesta las autoridades actuaron reprimiendo a la población, como resultado fueron asesinados Rafael Batz, Santos Nicolás Menchú, Jesús Baltazar Caxaj Puac, Francisco Ordóñez, José Eusebio Puac Ordóñez, Lorenzo Vásquez, y Arturo Félix Sapón Yax.
Oficialmente se negó que militares portaran armas de fuego, información que fue desmentida a través de fotografías. El caso se conoce en el juzgado de mayor riesgo A y actualmente se encuentra detenido por un amparo interpuesto por los militares en el que pretende quitar de la acusación la ejecución extrajudicial.