Informe Nacional de Desarrollo Humano.
Los Informes de Desarrollo Humano han planteado que erradicar la pobreza, reducir las desigualdades y proteger nuestro planeta, requiere de sistemas democráticos fuertes, participativos y transparentes, en los que las personas estén activamente involucradas en las decisiones sobre el tipo de sociedad que se desea construir.
En la misma línea, la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, pone en el centro de la acción, la democratización del entorno natural y traza una ruta que busca garantizar que todas las personas, especialmente aquellas que tradicionalmente han sido excluidas o están en situación de vulnerabilidad, puedan participar de manera significativa en las decisiones que afectan sus vidas y que las decisiones respecto al uso y manejo de los recursos naturales aborden de manera apropiada los intereses de todos los actores de la sociedad.
El compromiso asumido con la Agenda de Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) plantea múltiples desafíos para Guatemala, que invitan a repensar, por ejemplo, los usos de los recursos naturales, que privilegian la sobre explotación y la baja protección ambiental, y que, en áreas rurales acentúa la depredación de la frontera agrícola y deforestación de largo plazo.
Por otro lado, la explotación de la naturaleza es una de las principales fuentes de conflicto en el país, en especial entorno a proyectos hidroeléctricos y mineros. Para el año 2013, se identificaron al menos nueve conflictos por minería en el territorio nacional. Dos de ellos son de minerales no metálicos, y el resto de oro y plata. En la mayoría de los casos, los espacios en los que se desencadenan estos conflictos son territorios donde se superponen dinámicas más complejas y anteriores a la minería. La falta de información y opacidad en las concesiones de estos proyectos, que han dejado de lado un diálogo pertinente con las comunidades afectadas, han provocado rechazo. Por lo general no hay información pública suficiente, confiable y accesible sobre los impactos sociales y ambientales de proyectos energéticos y extractivos, lo que produce incertidumbre entre las comunidades y menor oportunidad de planificación y control para las autoridades de Gobierno, facilitando que las contiendas escalen a conflictos visibles y violentos.
Dos casos han sido paradigmáticos en los extremos geográficos del país: en la región noroccidental en el departamento de Huehuetenango y en la nororiental en Izabal y Alta Verapaz. Ambos casos recogen problemáticas diversas sobre la minería pero comparten una: la de la propiedad y tenencia de la tierra. La problemática agraria hoy converge con la defensa del territorio, reivindicación más amplia pero que implica también diversas formas de entender la vida y el ambiente natural que chocan con la idea de la extracción de los bienes naturales en pos del crecimiento económico.
Las consultas comunitarias han sido mecanismos colectivos para hacer notar la oposición a los megaproyectos en general. Sin embargo, estas no han sido vinculantes para la toma de decisiones de las instituciones del gobierno central. Amparadas en legislación nacional e internacional, diversas poblaciones (comunidades o municipalidades) han organizado al menos 93 consultas comunitarias en diferentes modalidades. El 56% de las consultas comunitarias que se han llevado a cabo son referentes a algún proyecto de exploración o explotación minera metálica o de construcción. Si se incluyen las consultas más amplias (aquellas que además de la minería se pronuncian sobre proyectos hidroeléctricos y otros) se determina que el 70% de las consultas realizadas han consultado sobre el tema de la minería. Los resultados de todas las consultas han sido negativas; es decir, de rechazo a estos proyectos.
Estas expresiones colectivas que se suman a las evidencias sobre los bajos resultados en desarrollo humano en el país, hacen evidente la necesidad de revisar el actual modelo de crecimiento económico, además de un debate amplio sobre qué tipo de desarrollo puede impulsarse en Guatemala, que sea compatible con los principios de desarrollo humano y en armonía con el planeta y la diversidad humana. Lograr el cumplimiento de los 17 ODS demandará una visión multidimensional del desarrollo. Tal como lo define el Informe Regional de Desarrollo Humano 2016: “Nada que disminuya los derechos de las personas y las comunidades, ni nada que amenace la sostenibilidad ambiental del planeta, puede considerarse progreso”.