El Instituto  Centroamericano de Estudios Fiscales ICEFI plantea la urgencia de construir una agenda fiscal que permita alcanzar los indicadores de los Objetivos de Desarrollo Sostenible para el año 2030.

Plan que debe contemplar reformas fiscales  que permitirán alcanzar las metas en un plazo de 13 años. El planteamiento lo externa por medio del siguiente comunicado:

Centroamérica: Icefi advierte que sin reformas fiscales integrales será imposible cumplir los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030

El Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi) presentó su más reciente edición del documento Perfiles Macrofiscales de Centroamérica que contiene el análisis de la situación fiscal de Centroamérica y de cada uno de los países de la región, al cierre del ejercicio fiscal 2016, así como las líneas principales contenidas en los presupuestos aprobados para 2017. La publicación incluye en esta oportunidad una revisión a los principales indicadores vinculados con el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030 —ODS 2030— y plantea la urgente necesidad de avanzar en una nueva agenda fiscal que permita en el corto plazo la atención efectiva de estos compromisos adquiridos.

La información fiscal de los países de Centroamérica apunta a que Costa Rica, El Salvador, Guatemala y Honduras están imbuidos en un esfuerzo por garantizar su sostenibilidad fiscal, en el sentido de evitar el incremento del déficit fiscal y del saldo de la deuda del gobierno central. En contraste, Nicaragua y Panamá, al menos con las cifras disponibles, dan a entender que todavía disponen de mayor espacio para la profundización del trabajo que realiza el sector público en sus economías y en algunas dimensiones, podrían obtener resultados más halagüeños en el cumplimiento de los ODS2030.

En 2016 el tamaño de los Gobiernos centrales de los países de la región, medido como su relación gasto total con respecto al PIB, creció muy ligeramente, pasando de alrededor del 18.3% del PIB en 2015, al 18.6% del PIB, en 2016. La carga tributaria promedio de la región reportó 14.0%, mientras el déficit fiscal promedio se sitúo en alrededor del 2.7% del PIB, y la deuda pública continuó creciendo hasta alcanzar el 40.7% del PIB.

La carga tributaria aumentó en todos los países de la región, aun cuando en ninguno de ellos se implementaron reformas tributarias durante 2016. Las cifras de recaudación muestran que la carga tributaria del istmo creció del 13.4%, en 2014, al 13.6%, en 2015, y al 14.0% en 2016, tanto por los efectos rezagados de las reformas tributarias en Honduras y Nicaragua, como por los esfuerzos de recuperación institucional de las administraciones tributarias de Guatemala y Panamá, y las mejoras administrativas y fortalecimiento de controles que se implementaron en El Salvador y Costa Rica.

La restricción del déficit fiscal y el control en el crecimiento del saldo de la deuda pública se convirtieron en los principales orientadores de la función fiscal de los gobiernos de la región, por lo que, aun cuando hubo algunos Estados que reportaron un incremento del gasto público, en promedio el aumento fue muy exiguo al pasar del 18.1% del PIB en 2015 al 18.3% en 2016.

Por cuarto año consecutivo, el déficit fiscal regional se contrajo como consecuencia de las políticas de ajuste dirigidas a fortalecer el control de la deuda. El déficit fiscal que alcanzó en promedio 3.8% hacia 2013 se ha reducido sistemáticamente hasta reportar 2.7% en 2016, 1.1% de contracción que se explica en un aumento de la carga tributaria regional de 0.6%, especialmente en Honduras y Nicaragua, y una reducción del gasto público de 0.5%, especialmente en Guatemala, El Salvador y Costa Rica. Los únicos dos países que reportaron un incremento del déficit fiscal en 2016 fueron Nicaragua que lo incrementó de 0.6% a 0.7% y Panamá que reportó un aumento del 3.9% a 4.4%.

Por su parte, las cifras estimadas en los presupuestos de ingresos y gastos para 2017, reflejan un mantenimiento de la tendencia observada en los años pasados, dominada por la prudencia fiscal y el esfuerzo por garantizar la sostenibilidad de la deuda.  Con los valores presentados, se estima que la carga tributaria regional alcanzaría 13.9%, resultado de la falta de crecimiento de los ingresos en Costa Rica y Guatemala que no incluyen una mejora sustancial como consecuencia del combate a la evasión; la subestimación que Honduras y Nicaragua acostumbran a realizar en sus pronósticos de ingresos, con el propósito de garantizar la disponibilidad de recursos sin rigideces presupuestarias, como la sobreestimación de El Salvador, que a fin de presentar resultados fiscales deficitarios presenta un aumento de su  carga tributaria del 0.8%, sin que medie una reforma tributaria, por lo que dicho valor se estima que se encuentra sobreestimado.

Los valores contenidos en los presupuestos estiman, en esencia, el mantenimiento del tamaño de los gobiernos centrales, al reportar un incremento del gasto público del 18.1% al 18.3% del PIB.  Este resultado es consecuencia de la subestimación reportada por Nicaragua y en cierta forma por Honduras, que normalmente incorporan datos en el presupuesto muy por debajo de los que al final serán observados; y del optimismo en la ejecución del gasto público de Panamá y Costa Rica, que presentan un aumento de más de un punto del PIB. En general, salvo Panamá y Costa Rica que siguen manifestando un nivel de déficit fiscal que podría considerarse que puede poner en riesgo su sostenibilidad fiscal, las naciones de la región siguen tratando en 2017 de restringir su nivel de déficit fiscal a fin de evitar un crecimiento mayor de la deuda en el corto plazo, aun cuando dicha estrategia ponga en riesgo la atención de las necesidades de sus habitantes.

El documento presentado por Icefi manifiesta con amplitud que contar con Estados que se han comprometido con la agenda ODS 2030 fue una buena noticia en 2015, sin embargo, los resultados y la trayectoria de los sistemas fiscales centroamericanos parecen contradecir dicho compromiso.  Por ello, los ciudadanos de Centroamérica deben exigir a sus gobernantes el cumplimiento de los ODS 2030 pero, a la vez, deben comprender que dicho cumplimiento dependerá de la discusión e implementación de pactos fiscales que permitan movilizar recursos nuevos; transparentar la política fiscal (ingresos y gastos públicos), e impulsar esfuerzos para evaluar y rendir cuentas sobre lo logrado por medio de las políticas públicas.
Guatemala, Centroamérica, 26 de abril de 2017.