#Opinión – Pablo Sigüenza Ramírez.
Luis Arturo Marroquín, líder campesino miembro de la coordinación del Comité de Desarrollo Campesino, CODECA, fue asesinado por la espalda el día miércoles 9 de mayo recién pasado. Un día después, fue asesinado José Can Xol, miembro del Comité Campesino del Altiplano, CCDA. Y el 13 de mayo la muerte llegó a Mateo Chamán Paau también miembro del CCDA, asesinado en horas de la noche.
Hace dos días, el 22 de mayo, la Central Campesina Ch’orti’ Nuevo Día denunció que en horas de la madrugada encontraron frente a la casa de su coordinador general Omar Jerónimo, un impacto de bala en el automóvil de la organización. Cuatro hechos violentos de intimidación y en tres de los casos, con saldo de muerte dirigidos a miembros de organizaciones campesinas en el país. ¿Estamos en el año 2018 o en 1981?
La pregunta surge porque este clima de violencia se asemeja al vivido en Guatemala en aquellos años en los que la política contrainsurgente del Estado a través del ejército, otros cuerpos de seguridad y grupos armados clandestinos atacaba a dirigentes campesinos a diestra y siniestra. Campesinos, sindicalistas, estudiantes universitarios y de nivel medio, autoridades comunales, catequistas y líderes religiosos comunitarios fueron blanco de la represión estatal amparada en los mandatos de terratenientes y empresarios. Asesinatos, desapariciones forzadas, cárcel extrajudicial, presos políticos y violaciones sexuales, tortura, masacres a pueblos completos.
Todo esto sucedió casi en total impunidad hace cuatro décadas y las heridas causadas a la población guatemalteca son profundas y están abiertas. Basta que suceda una ola de hechos violentos como los ocurridos contra miembros de CODECA, CCDA y Nuevo Día para que la memoria se active y recuerde el horror de aquellos años. El horror del pasado se recrea en el horror del presente y sobre aquellas viejas heridas se marcan las nuevas heridas en pleno 2018.
Muchos sectores oscuros en el país pretenden que se olvide lo sucedido durante la guerra. Simplemente no es posible porque los dolores causados son muchos. Más de 40 mil personas desaparecidas son lloradas por sus familiares; alrededor de 250 mil muertes causadas por las fuerzas represivas del Estado en 36 años de guerra interna. No olvidar es requisito para buscar justicia pero también para evitar que nuevas olas de violencia se prolonguen y se instalen en la normalidad del guatemalteco.
La memoria es un terreno en disputa. No podemos olvidar. Nuestros cuerpos recuerdan, tienen memoria. La justicia también es un terreno en disputa y por eso la denuncia de los asesinatos contra líderes campesinos ocurridos en este mes de mayo debe ser más fuerte. No pueden quedar en impunidad estos hechos violentos.
Sirva esta nota de opinión como reconocimiento a la lucha de la familia Molina Theissen por la memoria y la justicia. Ayer en la madrugada el Tribunal de Sentencia de Mayor Riesgo C por unanimidad declaró culpables a los militares en activo durante la guerra Benedicto Lucas García, Manuel Antonio Callejas y Callejas, Hugo Ramiro Zaldaña Rojas y Francisco Luis Gordillo Martínez por los delitos de deberes contra la humanidad, violación con agravación de la pena y desaparición forzada. En hora buena por la familia Molina Theissen y por la justicia en IximUlew, para que la historia de sangre y miedo no se vuelva a repetir.