#Izabal | Pablo Montenegro – Noticiero Maya K’at.
El 23 de octubre la Policía Nacional Civil desalojó de forma violenta la resistencia pacífica contra la minería conformada por comunidades del Pueblo Maya Q’eqchi’ del Estor, municipio del departamento de Izabal, ubicado en la región del Atlántico a más de trescientos kilómetros de la ciudad capital.
El gobierno está respaldando las operaciones de una empresa que ya recibió una sentencia de la Corte de Constitucionalidad, resolución que ordena detener toda operación en el territorio. “Es una minería ilegal” así dijo Sergio Beltetón, abogado que acompaña a las comunidades del pueblo q’eqchi’.
Las operaciones de extracción minera realizadas por CGN-PRONICO, empresa de capital mixto conformado por accionistas de Rusia, Suiza y Canadá, ya han causado daños en el pasado a las comunidades Qéqchi’. Así lo confirma un abogado que acompaña en Canadá a trece personas afectadas por la minería en la región’.
Después de la represión el gobierno decretó un estado de sitio por treinta días, el cual tomó vigencia el pasado 24 de octubre. Ante esta acción del organismo ejecutivo, las reacciones de la población no se hicieron esperar.
Las familias de tres estudiantes asesinados de la Universidad del Valle de Guatemala responsabilizan a la empresa minera de la muerte de sus familiares. Son varios años los que llevan luchando para que se aclare el crimen, sin embargo, el proceso no avanza.
Las acciones de intimidación contra las comunidades en resistencia contra la minería continuaron el domingo 24 de octubre. El gobierno desplegó más de seiscientos elementos de la policía y del ejército, transportados en más de cien vehículos, según una verificación realizada por la Procuraduría de los Derechos Humanos.
La labor de las y los periodistas de medios comunitarios ha permitido que los hechos se conozcan, los medios corporativos permanecen indiferentes de la situación, lo poco que informan es para dejar en mal a la población que defienden la madre tierra.
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