A 20 días de la imposición del Estado de Sitio en seis departamentos del país, una misión de verificación de Derechos Humanos ratifica que la medida es violatoria de derechos, desproporcionada y de fondo se observan intereses empresariales por el territorio.

Según Daniel Pascual, las versiones oficiales sobre los hechos ocurridos en la comunidad de Semuy II el pasado 03 de septiembre y los escasos resultados en la lucha contra el narcotráfico, reflejan que esta medida no está justificada.

“Hoy cumplimos  20 días del estado de sitio y preguntémonos ¿Qué cabecilla del narco ha caído? ¿Qué estructura del narco tiene el ejército bajo control? No hay nada” expresó.

Una de las acciones ordenadas por el presidente es la “recuperación de las tierras nacionales”, medida que pone en alerta a defensores de derechos humanos, pues tan solo en el municipio del Estor existen 36 órdenes de desalojo, las cuales podrían aumentar de forma desproporcionada.

Por el momento, la población  reporta que al no poder salir de las comunidades no pueden comercializar sus productos y la misma medida les impide iniciar con la época de siembra, lo que podría aumentar los índices de desnutrición en el área.

Estos son los únicos datos que se han obtenido sobre la situación actual de las comunidades, debido a la imposibilidad de comunicación con ellas, esta situación y la vaga justificación oficial sobre el mismo, ya reflejan la vulneración de derechos, según Asier Martínez.

“No tenemos que esperar a se produzcan violaciones de derechos humanos más allá de lo que permite el estado de sitio.  Si no justifica con razones de derecho, ya se están produciendo violaciones”

La misión de internacional de verificación y organizaciones sociales integrantes de la Asamblea Social y Popular, le solicitan al estado la deposición de la medida y en conciencia rechazan su posible ampliación en tiempo y territorio.

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