En una vista pública diversos representantes de organizaciones sociales dieron a conocer la violación de derechos humanos en que recurren las reformas a la Ley de Organizaciones No Gubernamentales para el desarrollo.
Las organizaciones solicitan que el amparo provisional dado por los magistrados de la Corte de Constitucionalidad sea un amparo definitivo, para que el decreto legislativo 4-2020, que contiene las reformas a la ley de ONG, quede en suspenso y no sea aprobado.
«Solicitamos con todo respeto se confirme el amparo provisional, consecuentemente se otorgue el amparo solicitado, suspendiendo en definitiva el auto reclamado, que surtan los efectos legales que fueron requeridos inicialmente para que se garantice la protección de los derechos contitucionales», expresó la abogada Jovita Tzul, representante del Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos CALDH.
Por su parte, el abogado Esteban Celada, argumentó que, con dichas reformas, se violenta el derecho a la libertad de organización, además la ley busca entrometerse en la gobernanza de las organizaciones.
Las reformas a la ley de ONG, impone más requisitos de incripción en diferentes institicionales estatales, incluye medidas de control excesivos como publicar en el diario de mayor circulación el balace de resultados al cierre de cada ejercicio contable, si las autoridades de turno consideran que existe una alteración al orden Público las organizaciones podrían ser sancionadas, multadas y hasta canceladas.
Daniel Pascual, del Comité de Unidad Campesina, señala que la ley busca criminalizar y perseguir a la sociedad civil, «Nosotros no nos oponemos a la fiscalización sino que nos oponemos a un control total, a un sometimiento de las formas de organización bajo el concepto de la fiscalización de las ONG», expresó.
Debido a las irregularidades e ilegalidades de la Ley de ONG, los amparistas denunciaron al congreso de la republica y en contra del presidente de la república, ahora, están a la espera de la resolución de la Corte.