Han pasado cuatro años desde que se aprobaron mil millones de quetzales para resarcir a las comunidades afectadas por la construcción de la hidroeléctrica Chixoy y la ejecución continua en 0%.
Según las comunidades, el retraso se debe al actuar de Jorge Borrayo Reyes, presidente de COPREDEH y Carlos Acosta, director de la política pública de Chixoy, quienes han retrasado la aprobación del “reglamento para la administración de recursos financieros”, sin el cual no se puede designar ni ejecutar ningún proyecto.
Carlos Chen, uno de los sobrevivientes del proyecto, denuncia que se sienten engañados por las instituciones quienes no cumplen con las reuniones planificadas ni los compromisos adquiridos.
“Nos dicen que ya está en la secretaria de la presidencia, por eso venimos a ver si es cierto. El señor presidente de la comisión, siempre nos miente” denunció.
COPREDEH, lejos de velar por los derechos de las comunidades, los continúa violentando, poniendo en riesgo la vida de los sobrevivientes y sus familias, quienes siguen resistiendo a pesar de los desalojos y masacres a las que fueron sometidos.
“Cuando se construyó la hidroeléctrica, fuimos desalojados. La primer masacre fue en 1980, nuestros hermanos se resistieron a dejar las tierras. Para ellos era la buena tierra, era la vida de las comunidades” recordó Chen.
En la masacre del 04 de marzo de 1980, perpetuada por la seguridad de la hidroeléctrica y las fuerzas públicas, fueron asesinadas 444 personas. Posteriormente se realizaron 4 masacres más en las que fueron asesinadas otras 350 personas aproximadamente.
Desde esos años las comunidades indígenas de Quiche, Alta y Baja Verapaz, exigen justicia, tierras y oportunidades de desarrollo para las más de 2, 300 familias sobrevivientes.