El Estado de Guatemala debe defenderse en el caso La Puya ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a las Inversiones (CIADI) por la demanda de 300 millones de dólares que interpuso la empresa minera Kappes Cassiday & Associates. Sin embargo, esta mañana durante una citación realizada a diversos funcionarios de Gobierno, estos no informaron sobre la estrategia que utilizará el Estado en su defensa.
Durante la citación, realizada por el diputado Leocadio Juracán, la abogada Jennifer Moore del Centro de Estudios Políticos, presentó el estudio “Casino del Extractivismo: Las empresas mineras apuestan con la vida de los pueblos y la soberanía de los países de América Latina usando el arbitraje supranacional“.
Moore, resaltó como estas demandas permiten a las empresas ganar millones de dolores gracias a un sistema unilateral, en el que solo las empresas pueden demandar y quienes dictan sentencias son allegados suyos. “Es una tergiversación del concepto de justicia, en donde se permite que empresas interpongan sus intereses mezquinos por encima y sin cumplir con la ley en el país”, expresó.
Guatemala, con anterioridad, pagó 249 millones de quetzales a dos empresas que le demandaron internacionalmente y se abstuvo a suspender los trabajos de Mina Marlin para evitar una demanda similar. Acción durante el Gobierno de Álvaro Colom.
Para el jurista Ramón Cadena, esta situación “Es una vergüenza. Las empresas privadas usan el recurso de arbitraje, después de que violan los derechos humanos, no cumplen con las leyes, atacan a las personas, deshacen el ambiente y todavía pretenden cobrarle al Estado de Guatemala”.
El proyecto minero Progreso Derivado VII fue suspendido en 2016 por la Corte de Constitucionalidad, debido al incumplimiento de la empresa al no realizar consulta a las poblaciones de San José del Golfo y San Pedro Ayampuc, antes de implementar el proyecto.
El proceso de arbitraje internacional «es un claro chantaje orientado a presionar a la Corte de Constitucionalidad», finalizó el diputado Leocadio Juracán, quien solicitó a las autoridades presentes mayores detalles sobre la estrategia para defender al Estado de Guatemala de la empresa minera.