#Opinión – Comité de Unidad Campesina.
El Comité de Unidad Campesina CUC observa con preocupación que en Guatemala existe una práctica caracterizada por el incumplimiento de responsabilidades patronales y ausencia de control estatal en lo referente al seguro social, lo que repercute en la vulneración continuada de los derechos humanos.
En la costa sur guatemalteca se han instalado empresas azucareras, bananeras, huleras y de palma africana. La expansión de estos monocultivos lleva a las empresas a utilizar grandes cantidades de agua que son obtenidas mediante desvíos ilegales de ríos, en detrimento del acceso al agua de las comunidades; paralelamente, estas actividades agrícolas demandan mano de obra campesina, que en muchas ocasiones realiza su trabajo sin el equipo básico necesario y sin devengar los Q.90.16 diarios establecidos como salario mínimo para el año 2019.
Aproximadamente, 4 de cada 10 personas trabajan en la agricultura; de esas, 9 de cada 10, carecen de un contrato de trabajo; es decir, no tienen garantías de acceso a las prestaciones mínimas. Y del total de trabajadores rurales, solo 1 de cada 10 es afiliado al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, IGSS, según cifras oficiales del año 2017.
Para 2019, el CUC ha identificado que existe un patrón de conducta que implica violaciones a los derechos laborales, en donde los patronos no cumplen con sus obligaciones, y que se inscriben en un régimen de maquilas para la evasión de impuestos y responsabilidades laborales.
En el caso de San Gregorio Piedra Parada (hacienda ubicada en el municipio de Coatepeque, Quetzaltenango, dedicada a la producción de hule) un grupo de campesinos, ahora personas mayores y desempleadas, laboró para la finca por diferentes lapsos (en promedio 30 años por trabajador). Aun cuando les fueron descontadas sus cuotas para ser entregadas al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, las mismas nunca llegaron a su destino: el patrono se apropió de forma ilegal de esas cuotas y el Estado no ejerció control durante décadas.
Los ex trabajadores son un grupo organizado de 300 personas; han fallecido 59 y el resto, se encuentra buscando los mecanismos para resolver su situación de falta de acceso a los servicios y programas del IGSS. Han realizado caminatas y manifestaciones pacíficas para exigir la restitución de sus derechos. No obstante, han sido criminalizados: 3 de ellos se encuentran acusados de usurpación agravada por manifestar en un camino de uso público que, según los dueños de la finca, se encuentra dentro de su propiedad. Además, les señalan de provocar pérdidas por 1.5 millones de dólares. Por ese caso también se encuentran criminalizados Digna Dalila Mérida Escobar y Ricardo Pérez, defensores de derechos humanos que desarrollan su labor desde el CUC y quienes brindan acompañamiento a los ex trabajadores, en la búsqueda de un diálogo con el ex patrono y las autoridades estatales; precisamente, el debate en contra de ellos inicia en junio de 2019.
Los ex trabajadores también han sido víctimas de acciones violentas: el 23 de junio de 2017 en el municipio de Coatepeque, el grupo, conformado en su mayoría por personas mayores, realizó una manifestación pacífica, acompañado por el CUC. Una persona armada, probablemente asociada a la finca, disparó en contra del grupo y asesinó al señor Eugenio López y López. El caso permanece impune. Esto demuestra que, los casos en contra de los ex trabajadores avanzan rápidamente; mientras, los casos de ataques en contra de ex trabajadores no obtienen resultados.
Los ex trabajadores se han reunido con el Procurador de los Derechos Humanos, con la Comisión de Derechos Humanos del Congreso de la República, con delegados del IGSS, con representantes del ex patrono, y con los actuales propietarios. Sin embargo, el Estado no ha definido ninguna ruta de solución, lo que ha configurado una grave vulneración continuada a los derechos a la vida, salud y seguridad social de personas campesinas mayores, por falta de control estatal en el cumplimiento de responsabilidades patronales ante el seguro social.
“Nos despidieron, ilegal e injustamente, porque quisimos formar un sindicato en la finca. Hemos luchado por más de una década: hemos acudido a muchos lugares buscando resolución de nuestro caso y no hemos encontrado respuestas positivas”; expresa Don Chus, un ex trabajador.
DEFENDIENDO EL TERRITORIO CUIDAMOS LA VIDA
CAMPAÑA DE PREVENCION Y PROTECCION A DEFENSORAS Y DEFENSORES DE DERECHOS HUMANOS
Campaña patrocinada por la Agencia Vasca de Cooperación al Desarrollo (AVCD), del Gobierno de Navarra y el apoyo técnico de la Fundación Mundubat.